El número de víctimas en la Región de Murcia es de 1.682, a pesar de que el número total de denuncias presentadas experimentó un descenso del 5,2%
Los órganos judiciales de la Región de Murcia registraron un total de 1.682 mujeres víctimas de violencia de género durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 4,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Este repunte se produce a pesar de que el número total de denuncias presentadas en la comunidad autónoma experimentó un descenso del 5,2%, situándose en 1.856 demandas penales.
Así lo ha trasladado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (SJMU) sobre los datos publicados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La evolución de estos indicadores consolida a la Región de Murcia entre las comunidades con una mayor incidencia en este ámbito, al registrar una tasa de 21,2 víctimas por cada 10.000 mujeres, un indicador superior a la media nacional, de 18,1.
Con esta cifra, la Región iguala la tasa de la Comunidad de Madrid y se sitúa solo por detrás de Baleares (28,7), Navarra (24,5), Canarias (23,4) y la Comunitat Valenciana (23).
Del total de afectadas en la comunidad, 1.030 tenían nacionalidad española y 652 eran extranjeras, lo que eleva el peso de las ciudadanas de otras nacionalidades al 38,8% del total regional, frente al 35,1% de hace un año.
El informe detalla que 149 mujeres se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar como testigo contra su agresor —93 españolas y 56 extranjeras—, lo que elevó la proporción de renuncias del 5,3% registrado a principios de 2025 al 8,9% en este ejercicio.
Paralelamente, las Secciones de Violencia sobre la Mujer de la Región acordaron 295 órdenes de protección sobre un total de 382 solicitudes incoadas, denegando las 87 restantes. Esto supone que la concesión de estas órdenes en relación a las denuncias subió al 15,9%, derivando a su vez en la adopción de 974 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), entre las que destacaron 263 órdenes de alejamiento y 224 prohibiciones de comunicación.
Asimismo, los órganos judiciales dictaron 255 medidas cautelares civiles para la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal.
Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (73), la suspensión del régimen de visitas (55), la atribución de la vivienda (45) y la suspensión de la guarda y custodia (28), habiéndose suspendido la patria potestad en nueve casos.
En el ámbito penal, los tribunales de la Región dictaron un total de 580 sentencias entre las Secciones de Violencia sobre la Mujer, las Secciones de lo Penal y la Audiencia Provincial, cifra idéntica a la del año anterior (581). De ellas, 531 fueron condenatorias, elevando la tasa global de condena al 91,6%.
La ratio se acentuó de forma específica en los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer, donde el 96,9% de sus 424 resoluciones resultaron condenatorias (411 fallos frente a 13 absoluciones).
Por tipos de órganos, las Secciones de Violencia sobre la Mujer registraron 1.840 diligencias urgentes (-5,8%), pero crecieron los procedimientos abreviados de 252 a 342 (+35,7%), los juicios sobre delitos leves alcanzaron los 75 (+41,5%) y los sumarios subieron de nueve a 17 (+88,9%).
Por su parte, las Secciones de lo Penal enjuiciaron a 152 personas con un 76,3% de condenas, mientras que la Audiencia Provincial registró 17 procedimientos en primera instancia (+142,9%), siendo condenatorias las cuatro sentencias dictadas en única instancia, a la vez que los recursos de apelación bajaron un 31,5% (de 54 a 37).
Las Secciones de Menores enjuiciaron a tres menores, imponiendo medidas en todos los casos.
En materia de violencia sexual fuera de la pareja, competencia asumida por las Secciones de Violencia sobre la Mujer desde el 3 de octubre según la Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se recibieron 110 denuncias e igual número de víctimas (77 españolas y 33 extranjeras).
El número de delitos instruidos ascendió a 126, correspondiendo 108 a delitos contra la libertad e indemnidad sexual, 16 a acoso con connotación sexual y dos a trata con fines de explotación sexual, tramitándose 13 solicitudes de orden de protección de las que se acordaron ocho.
A nivel nacional, la presidenta del Observatorio, Esther Rojo, ha destacado que las víctimas globales subieron un 3,75% (45.220 mujeres) y las denuncias presentadas en dependencias policiales o judiciales representaron el 75,01% del total nacional.
Rojo ha alertado del bajo porcentaje de denuncias presentadas por el entorno familiar de la víctima (990 denuncias, apenas el 1,94% del total), y ha insistido en la necesidad de concienciar a la sociedad para denunciar y en la urgencia de dotar a las administraciones judiciales de los medios y equipos profesionales necesarios para mantener la confianza en el sistema ante la extrema vulnerabilidad emocional y económica de las mujeres.
