La ATRM niega ese extremo y asegura que continúa con el modelo de contratación de servicios auxiliares que están funcionando desde su creación en 2013
Los sindicatos denuncian la "privatización" de servicios de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia tras la nueva licitación de un contrato de asistencia e información tributaria por parte de la Consejería de Economía y Hacienda hasta el año 2028. Alertan del acceso de una empresa privada a datos tributarios sensibles de los ciudadanos y reclaman a la Comunidad que paralice la licitación y amplíe la plantilla de la Agencia Tributaria.
Los sindicatos CCOO y FSES critican que el nuevo contrato supone un "salto cualitativo especialmente grave" al incorporar funciones relacionadas con las notificaciones administrativas, una tarea vinculada a la seguridad jurídica y garantía de los ciudadanos, y que hasta ahora realizaban los funcionarios.
Mª José Gallego, delegada del sindicato FSES en la Agencia Tributaria de la Región, ve preocupante que el pliego de externalización de servicios incluya tareas relacionadas con la confección y pago de autoliquidaciones, la atención telefónica, la gestión documental y las notificaciones.
Los sindicatos consideran que esta medida perjudica la consolidación del empleo público y exigen el refuerzo inmediato de la plantilla con suficientes puestos estructurales en la Agencia Tributaria de la Región. Mª José Gallego dice que también pedirán explicaciones a la consejera de Economía y Hacienda, Marisa López Aragón, para que se paralice la nueva licitación
Desde CCOO, Francisco Saura habla de un nuevo paso en la privatización progresiva de una de las funciones más sensibles de la Administración.
El contrato cuenta con un presupuesto base superior a los 11 millones 500 mil euros, y un valor estimado de 32 millones 521 mil euros incluyendo posibles prórrogas.
Por su aprte, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (ATRM), dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, asegura que continúa con el modelo de contratación de servicios auxiliares y de apoyo desde su creación en 2013.
El director general de la Agencia Tributaria, Eduardo Prieto, ha señalado que "esta contratación responde a la necesidad de reforzar la capacidad de atención al contribuyente ante el elevado volumen de demanda que soporta la Agencia tanto presencial como telefónicamente".
"Nuestra responsabilidad es garantizar que una demanda de esta dimensión pueda ser atendida con agilidad, calidad y garantías. Para ello, es compatible contar con una plantilla pública adecuadamente dimensionada y utilizar medios complementarios cuando sean necesarios", ha asegurado Prieto, quien ha añadido que "con unos servicios públicos fuertes y de calidad, no supone, en modo alguno, una privatización de la Agencia", ha indicado.
Prieto ha señalado que las funciones que implican el ejercicio de potestades públicas o que están legalmente reservadas a funcionarios públicos, son desempeñadas exclusivamente por dichos empleados. En este sentido, la contratación de servicios auxiliares no supone una cesión de las competencias propias de la ATRM, que mantiene la dirección, supervisión y control de sus servicios y el ejercicio de sus potestades tributarias.
"La ATRM es plenamente pública y mantiene bajo esa tutela tanto la dirección y el control de sus servicios, como el ejercicio de las potestades tributarias", ha subrayado Prieto, quien también recordó que "no se trata de privatizar ninguna función de la Agencia, sino de contar con medios complementarios para reforzar la atención al contribuyente ante una demanda muy elevada".
Entre 2022 y 2025 registraron más de un millón de atenciones presenciales, mientras que la atención telefónica alcanza cerca de 200.000 llamadas anuales.
