Hay esperas de hasta once meses para tramitar o tomar medidas cautelares sobre demandas de separación como la custodia o la manutención de los hijos. La previsión es que en 2019 abran otros 5 en la Región
REDACCIÓN | EFE. Cartagena
Cartagena cuenta desde hoy con un nuevo juzgado de primera instancia, el número 7, el segundo especializado en familia, para ayudar a reducir las esperas de hasta once meses para tramitar o tomar medidas cautelares sobre demandas de separación como la custodia o la manutención de los hijos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, ha declarado que este juzgado, junto al de instancia número 16, el de lo social número 9 y el especializado en familia número 3, todos ellos en Murcia capital, son los cuatro que han entrado en funcionamiento durante 2018.
Ha señalado que la previsión para 2019 es conseguir que el Ministerio de Justicia abra otros cinco en la región y destine dos nuevos magistrados para la Audiencia Provincial, de forma que se palíe el déficit de hasta 30 órganos judiciales que requiere esta comunidad autónoma para llegar a la media nacional.
El nuevo juzgado abierto en Cartagena se ha ubicado en el palacio de justicia de la calle Ángel Bruna, lo que ha conllevado que el de lo social número 2 de ese partido se haya trasladado a la calle Carlos III, una decisión que según la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, demuestra la falta de espacio de las actuales dependencias y la necesidad de construir una ciudad de la justicia.
En este sentido, tanto Castejón como el delegado del Gobierno central en la región de Murcia, Diego Conesa, han mostrado su confianza en que el próximo mes se decida la ubicación definitiva de ese inmueble entre las dos opciones analizadas: el antiguo hospital naval y la factoría de subsistencias de la Armada.
El nuevo juzgado resolverá conflictos tan habituales como la custodia de los hijos en caso de divorcio, los regímenes de estancias, la forma en la que se deben atender las necesidades alimenticias de los menores o la incapacitación de ancianos para garantizar la protección del Estado y evitar que tomen decisiones lesivas incluso para sí mismos.
Castejón ha asegurado que la puesta en marcha de este juzgado se ha agilizado en los últimos meses con el nuevo Gobierno central socialista.
Estaba previsto que comenzara a funcionar en marzo de 2018, pero su implantación no ha sido posible hasta finales de año puesto que en verano se comprobó que ni siquiera se había redactado el proyecto para la remodelación de las instalaciones, según el consistorio.
Al nuevo juzgado se incorporan un magistrado, un letrado de la administración de justicia y nueve funcionarios.
Se encuentra en la antigua sede del juzgado de lo social número 2 y ha requerido una inversión de más de 122.000 euros para su completa remodelación con nuevos mobiliario y equipos informáticos.
