El director general de Transportes comparece en la Asamblea y niega trato de favor a una empresa de la que fue administrador único en la concesión de contratos en dos puertos deportivos
REDACCIÓN. Murcia
El director general de Transportes, Costas y Puertos José Ramón Díez de Revenga asegura que no tiene motivos legales para presentar la dimisión y niega trato de favor a una empresa de ingeniería, de la que fue administrador único, con contratos de ampliación de plazo concesional en dos puertos deportivos del Mar Menor. Los grupos de la oposición no logran saber las acciones que tiene Díez de Revenga en Azentia Ingeniería, mientras el PP los acusa de emprender una caza de brujas.
Díez de Revenga ha asegurado hoy, en una tensa reunión de la comisión de investigación de Contratos del parlamento, que ha cumplido el Estatuto del Cargo Público, que dejó de ser administrador de la empresa Azentia Ingeniería tras ser designado alto cargo de la administración y que se ha abstenido de participar en los expedientes administrativos de ampliación de concesiones a puertos deportivos del Mar Menor.
El socialista Emilio Ivars cree que Díez de Revenga debe dimitir por mentir en la vinculación y participación con Azentia y por ocultar información, en tanto que este responsable reitera que no tiene motivos jurídicos y políticos para irse.
El portavoz de Podemos Oscar Urralburu ha insistido en que Díez de Revenga está obligado a cumplir la ley de Incompatibilidad, algo que el director general de Puertos asegura que ha cumplido escrupulosamente.
Miguel López Morell de Ciudadanos ha recordado a José Ramón Diéz de Revenga que sigue siendo propietario de Azentia y que tarde o temprano recibirá beneficios, a lo que este responsable de Puertos afirma que cesó su colaboración con Azentia y que no ha recibido remuneración alguna.
Javier Iniesta, del PP, ha acusado a la oposición de emprender una caza de brujas contra el director general de Puertos, y ha subrayado que este alto cargo no ha recibido remuneración de Azentia y que el contrato de ampliación de plazo concesional en puertos deportivos no implica dinero público.
