Se despenaliza la ayuda médica para morir voluntariamente. Se detalla quién, cuándo y con qué requisitos. Los médicos podrán objetar y cada comunidad contará con una Comisión de Garantía formada por médicos y juristas
ANGEL BOLUDA | AGENCIAS
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de eutanasia a pesar de la oposición del Partido Popular y VOX. La norma despenaliza la ayuda médica para morir y detalla quién, cuándo y con qué requisitos podrá prestarse. La ley contempla además el derecho de los médicos a la objeción de conciencia y establece la creación de una Comisión de Garantía y Evaluación en cada comunidad autónoma formada por médicos y juristas para controlar cada caso.
El debate que precedía a la aprobación era bronco. La diputada murciana Lourdes Méndez (Vox) criticaba la medida y hablaba en el atril del Congreso de "sonrisas crueles y acartonadas ocultas tras las mascarillas. Y alguno tendrá la duda sobre si esto es lo correcto". Salvador Illa, ministro de sanidad, indicaba que "en ciertos casos para morir con dignidad es preciso contar con ayuda profesional. Esta votación muestra que España cuenta con una sociedad democrática y madura".
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica para la regulación de la Eutanasia, con los únicos votos en contra de PP y Vox. El texto ha contado, así, con el apoyo del 56% de la Cámara (198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones) y ahora continuará con su tramitación en el Senado.
La norma recoge que esta práctica se podrá llevar a cabo en el país a pacientes que los soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable". Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y "ser capaz y consciente en el momento de la solicitud".
Sobre el proceso, indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es "resultado de ninguna presión externa".
RECOGE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos.
Será este médico quien autorizará el proceso, antes, tiene que pedir la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente" pero que no sea de su "mismo equipo del médico". Además, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso. Ambos expertos deben de estar de acuerdo en su decisión, si no, será el pleno de la comisión quien la tome.
Del mismo modo, este texto recoge que los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".
Antes de la votación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha dirigido al Congreso, para agradecer la aprobación de una norma que, a su juicio, es un avance hacia "una sociedad más humana y más justa". Además, ha agradecido la labor en estos años de las organizaciones de la sociedad civil luchando por esta regulación, a quienes han aportado enmiendas a la norma y, especialmente al PSOE, grupo proponente de la ley, y a la impulsora de la misma, la exministra de Sanidad socialista María Luis Carcedo "por la convicción con la que la ha defendido".
En su intervención en este debate, Carcedo ha defendido el "avance" en "libertad" que supone esta medida y ha reprochado que "la derecha siempre se enzarce" en batallas apocalípticas" durante la tramitación de este tipo de leyes y, "pasado un tiempo asuma" estos avances y "pasado otro tiempo los practique".
La portavoz de Unidas Podemos en materia de Sanidad, Rosa María Medel, también se ha dirigido a PP y Vox para reprocharles que "nieguen a quienes no tienen dinero" o "no piensen como ellos" el derecho al uso de su "libertad personal". De hecho, Medel cree que a ambas formaciones "no les importa la libertad personal" y quieren "imponer" al resto de españoles "cómo deben morir". El representante del PNV, Joseba Agirretxea, también ha optado por dirigirse a los partidos que se han mostrado contrarios a esta norma, para recordarles que, como diputados, tienen la obligación de "legislar más allá del código ético de cada uno" y "dar cobertura legal" a quien no tenga los mismos conceptos "de la sobre vida o muerte" que ellos.
De forma similar lo ha expresado el representante de Junts, Sergi Miquel, quien ha recordado que durante la tramitación del texto PP y Vox han hablado mucho de "moral y de fe", dos cuestiones que, en su opinión, no se han de "imponer" y, menos, "en una democracia, en una sociedad avanzada y en un estado aconfesional". El portavoz de Más País-Equo, Iñigo Errejón, ha coincidido con Carcedo en reprochar a la derecha que siga siempre un "ciclo" en la tramitación de derechos: primero "lo rechazan", luego "lo usan" y después "acaban aceptándolo". Esto es lo hicieron, explicó, con "el sufragio universal, la jornada laboral de ocho horas, la ley del divorcio o el matrimonio igualitario".
Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha dirigido a la bancada de PP y Vox para defender una ley que, a su juicio, ha sido un trabajo "responsable" y "sensato" y ha indicado que se trata de "un modelo garantista". "Hoy nadie pierde derechos y avanzamos un poco más en nuestra libertad individual", ha declarado, antes de pedir a la derecha "respeto" para quienes sí apoyan esta medida.
Mientras, formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o CUP, aunque han mostrado su apoyo a la norma sí han reconocido que es "insuficiente" y, por ello, han mantenido vivas en este debate varias enmiendas que, finalmente, no se han aprobado. Estas formaciones han hablado, por ejemplo, de extender el derecho a menores de 16 años, considerar las enfermedades mentales o el cansancio vital para pedir el suicidio asistido, la despenalización completa de esta práctica, o la simplificación de los mecanismos de verificación, entre otras.
CRÍTICAS DE PP Y VOX
Frente a estos argumento, PP y Vox se han mostrado muy críticos en sus discursos. El representante de los 'populares', Ignacio Echániz, ha acusado al PSOE de aprobar esta norma "al final del último día, del último Pleno ordinario" y a través del procedimiento de proposición de ley, "sin informes técnicos ni jurídicos", "sin audiencia pública", "sin estdudios demoscópicos recientes" o "sin permitir las comparecencias de expertos" entre otros, porque es "injusta, inoportuna e incontitucional".
A su juicio, el Gobierno ha aprobado esta ley "frívola" de forma "atropellada y chapucera" en lugar de optar por la "alternativa" de los cuidados paliativos que, según ha señalado, es "encaja en el sentir mayoritario de los españoles" y en la que coinciden organismos y asociaciones internacionales, judiciales y del ámbito sanitario. Echániz ha lamentado esta "derrota" y "fracaso" del "sistema sanitario" y de la "sociedad".
Por su parte, la diputada de Vox Lourdes Monasterio, ha lamentado que esta después de esta "traición despiadada, inhumana e ilegítima", los partidos a favor lo celebren "al tiempo que firman sentencias de muerte a los más débiles". A su juicio, se esta "quebrantando el derecho a la vida" con esta norma y cree que el Estado prefiere esta decisión porque es "más fácil, más cómodo y económico".
En este sentido, ha acusado a quienes han subido a la tribuna del Congreso a "hacer teatro de manera hipócrita y necia, usando la libertad y la compasión para legalizar el horror vivido en las residencias" y "ahorrarse el ingreso" en las mismas "de las personas mayores". "Recurriremos esta barbarie al Tribunal Constitucional", ha advertido.
