La consejera de Educación Esperanza Moreno asegura que el decreto que regula la autorización de los padres estará listo en tres meses
ASR. Murcia
La consejería de Educación calcula que en tres meses a lo sumo será una realidad el decreto que modifica la cuestión de los permisos paternos para las charlas extraescolares. El cambio implica que no hará falta dar autorización si quien imparte la charla es un funcionario o empleado público; también establece el silencio positivo, de modo que solo una negativa expresa impedirá que el alumno asista.
Así lo ha explicado este miércoles la titular de Esperanza Moreno, que aseguraba que el decreto simplificará la burocracia y clarificará el modo de proceder. A preguntas de los periodistas, la consejera ha indicado que no será necesario autorizar a los menores a acudir a actividades que impartan funcionarios públicos sobre asuntos relacionados con sus funciones, como policías, bomberos, guardias civiles, médicos, enfermeros o jueces.
Se ha tomado esa decisión, ha explicado Moreno, porque a los funcionarios “se les presupone una neutralidad ideológica” que están obligados a mantener en el ejercicio de sus funciones, algo que no se puede exigir a otros colectivos como miembros de asociaciones.
Asimismo, el silencio se considerará positivo, es decir, si un menor no entrega la autorización, asistirá a la actividad, y solo se quedará fuera si sus progenitores expresan su no consentimiento, mientras que hasta ahora el silencio era negativo.
Y otra cosa más: según la consejera el decreto respeta el acuerdo de gobernabilidad suscrito con Ciudadanos, pero también con Vox.
EL PSOE CRITICA QUE PP Y Cs CEDEN A LA EXTREMA DERECHA
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Espín, ha denunciado que PP y Ciudadanos "ceden por completo ante las exigencias de la extrema derecha en materia de educación, ya que el Gobierno regional blindará el veto parental en los decretos de currículo autonómicos".
"Se confirma así lo que veníamos anunciando: la intención del PP y Ciudadanos ha sido en todo momento dar cobertura legal a esta irregular medida, afianzando la censura educativa que venimos denunciando desde mayo de 2018", ha indicado.
Ha señalado que el Gobierno regional "hace oídos sordos al requerimiento del Ministerio de Educación, que exige la retirada inmediata de esta medida, ya que vulnera el derecho fundamental de niños y jóvenes a recibir una educación integral basada en los principios y valores democráticos que reconoce el artículo 27 de la Constitución Española; contraviene la Convención de los Derechos del Niño; contradice la normativa básica estatal en materia educativa y supone una suerte de objeción de conciencia no prevista en la Ley".
"Además, con la pretensión de modificar los decretos de currículo, el Gobierno regional confirma que las instrucciones son completamente ilegales, pues ahora se contradicen queriendo formalizarlos", ha añadido.
