La medida ha sido presentada tras el Consejo de Ministros por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, y por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá
REDACCIÓN. Murcia
El Gobierno ha aprobado este viernes 28 de mayo en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 2,3 millones de personas y oscilará entre los 462 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar. Cuando esté a pleno rendimiento, supondrá un gasto de unos tres mil millones de euros al año.
La ministra portavoz, María Jesús Montero, hablaba de un paso de gigante al presentar la medida. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, decía que es la medida social más relevante adoptada por un gobierno desde la aprobación de la Ley de Dependencia.
Iglesias ha detallado los pormenores de esta nueva renta. Entre otras cosas ha dicho que podrá pedirse desde el 15 de junio. Tienen derecho a ella las personas de entre 23 y 65 años (o desde los 18 si hay hijos a cargo) con una renta anual inferior a los 10.500 euros. La nueva prestación es compatible con otros ingresos y suma cómo mínimo, los 462 euros mensuales en doce pagas si se trata de un adulto solo. Se puede llegar hasta los 1.015 euros mensuales.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha detallado, por su parte, que lo previsto es que el Ingreso Mínimo Vital alcance a 850.000 hogares o, lo que es lo mismo, 2,3 millones de personas. También ha evlauado Escrivá su impacto en el gasto público: 3.000 millones de euros.
También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un "incentivo" al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.
Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
El Gobierno ha estimado que el coste de la renta mínima se elevará a unos 3.000 millones de euros al año que serán financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado. El ingreso mínimo vital podría complementarse, además, con otras rentas salariales, así como con otras prestaciones de las comunidades autónomas.
Según indicó la secretaria general de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Milagros Paniagua, en un debate organizado por Oxfam Intermón este lunes, el objetivo que se plantea el Gobierno con la aprobación del ingreso mínimo vital es "reducir la pobreza severa en torno a un 80%" en España.
En cuanto a la negociación con las CCAA, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV por el cual el País Vasco y Navarra asumirán los trámites de esta prestación. A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del ingreso mínimo vital, como Cataluña o Galicia, o han pedido la "cogestión" del mismo, como en el caso de la Generalitat Valenciana.
También está dispuesto a asumir la gestión del ingreso mínimo el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha asegurado que "no se entendería" que entre las comunidades autónomas hubiera diferencias, una idea en la que también ha insistido el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha rechazado la decisión de ceder la gestión de esta prestación a País Vasco y Navarra porque "ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas".
Igualmente se ha quejado por esta decisión la consejera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que en todo caso ha considerado "arriesgado" que Baleares gestione al 100% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
