El presidente Fernando López Miras asegura que la ley es un ataque a las familias, a los centros de educación especial y a la enseñanza concertada
REDACCIÓN. Cartagena
Los servicios juridicos de la Comunidad ya están preparando las "contrarreformas educativas necesarias" para combatir en la Región de Murcia la nueva ley educativa, conocida como 'Ley Celaá'. Así lo ha anunciado el presidente regional, Fernando Lopez Miras, respondiendo a una pregunta de Vox en el pleno de la Asamblea que se celebra este miércoles.
El portavoz del grupo parlamentario Vox Juan Jose Liarte planteaba que la comunidad de Madrid ya se ha puesto en marcha para impedir la aplicación de la Ley Celaá y quería conocer las medidas de Murcia.
Contestaba el presidente que la ley es un ataque a las familias, a los centros de educación especial y a la concertada, por lo que la comunidad ya está trabajando en dos frentes para impedir su implantación en Murcia. Una decisión importante para Juan José Liarte, partidario de que los padres puedan elegir el centro de estudios y de la protección del castellano.
INVERSIÓN EN CONEXIONES A INTERNET
La Comunidad va a invertir otros 2 millones de euros para facilitar la conexión a internet de las familias que lo necesiten. La gestión se hace a través de los centros educativos, dependiendo de las carencias que tengan los alumnos. De esta forma la consejera de Educación respondía en el pleno a una pregunta del socialista Antonio José Espín sobre los problemas de conectividad. Según Espín los equipos informáticos son inútiles sin internet
Para evitar que ningún alumno quede desconectado, la consejera de Educación anunciaba esa nueva inversión en tarjetas sim o en lo que el centro considere necesario. Con todo, anotaba Esperanza Moreno que 1.000 de las casi 3.000 tarjetas repartidas en la primera ola nunca se utilizaron.
VOX PROPONE EL HOME-SCHOOLING
Tambien en materia de educación, Vox demandaba a la consejera un sistema de home-schooling o educación a distancia, desde casa, en todos los tramos de la educación obligatoria. El portavoz Juan Jose Liarte la definía como una fórmula cara pero de excelencia, para que los alumnos no sean adoctrinados en las aulas. Según la consejera, el sistema no es posible porque la Constitución solo contempla la escolarización obligatoria en el aula.