La norma establece un régimen sancionador con multas que pueden ir desde los 15.001 a los 90.000 euros para evitar la okupación de viviendas sociales del parque regional
JOAQUÍN AZPARREN. Murcia
El decreto ley que introduce la ocupación ilegal en la Ley autonómica de vivienda y que establece medidas de lucha contra esta práctica entra en vigor este viernes. El decreto, que será remitido a la Asamblea regional para contar con la aportación de los grupos parlamentarios en forma de proyecto de ley, pretende evitar que cien familias vulnerables de la Región se queden sin poder acceder a viviendas sociales de la Comunidad por estar ocupadas de forma ilegal, según expresaba hace unos días el consejero de Fomento, José Ramón Díaz de Revenga.
El Gobierno regional también ha establecido un procedimiento sancionador específico para evitar la ocupación en el parque regional de viviendas sociales, que establece como infracción muy grave, con multas que pueden ir desde los 15.001 a los 90.000 euros.
Además, se considera como infracción grave la incitación a la ocupación ilegal de este tipo de viviendas, con sanciones de 3.001 a 15.000 euros. Además, la nueva norma ordena que no podrá optar a la propiedad de una vivienda social pública en la Región quien haya sido condenado penal, civil o administrativamente por ocupación ilegal en los últimos diez años.
La norma crea un canal anónimo de denuncias que proteje la identidad frente a posibles represalias e incentiva la colaboración de los Ayuntamientos y la coordinación de la Policía Local con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Desde la Plataforma Antidesahucio, Joaquín Sánchez entiende que se desaloje a ocupantes ilegales conflictivos o que utilizan esos pisos en tareas delictivas. Pero al mismo tiempo, pide a la Comunidad soluciones habitacionales para las familias necesitadas, tal y como mandata la Ley de Vivienda.
También el PSOE de la Región pone el énfasis en la falta de soluciones del Ejecutivo regional para las familias vulnerables deshauciadas. La diputada regional Consa Martínez dice que el decreto es una operación de imagen para ganarle votos a VOX.
