La exconsejera de Agricultura irá a juicio acusada de prevaricación administrativa por la construcción de una tubería en el espacio protegido de El Carmolí sin haber tramitado la declaración de impacto ambiental
REDACCIÓN. Murcia
La Fiscalía ha pedido doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la exconsejera de Agricultura y Agua del gobierno murciano Adela Martínez-Cachá, acusada de prevaricación administrativa por la construcción de una tubería en el espacio protegido de El Carmolí sin haber tramitado previamente la declaración de impacto ambiental. Fiscalía pide la misma pena para un segundo imputado, Andrés Martínez Francés, que fue director general del Agua. La Audiencia Provincial aún no ha designado fecha para el juicio.
Según el ministerio público, esa tubería debía evitar los vertidos al Mar Menor al derivar las aguas desde la Rambla de El Albujón hacia la desalobradora de la comunidad de regantes Arco Sur Mar Menor, en Cabo de Palos, para luego acabar en el Mar Mediterráneo. Las obras se calificaron de emergencia para evitar el estudio ambiental, dice la Fiscalía, y así ofrecer la imagen ante la ciudadanía de que se luchaba eficazmente contra el problema de los vertidos a la laguna salada.
El proyecto no llegó a funcionar, debido a que la Confederación Hidrográfica del Segura no autorizó a la comunidad de regantes el uso del agua que iba a circular por la tubería. Además, la Confederación la multó con 3.000 euros porque las obras, ejecutadas en dominio público hidráulico, no tenían tampoco autorización. Esa multa fue anulada parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia respecto a la empresa contratada para los trabajos, aunque se mantuvo la obligación impuesta a la Comunidad Autónoma de reponer el terreno afectado a su estado anterior.
