Francisco José Ramada Estévez fue condenado por los secuestros del abogado Cosme Delclaux y el empresario José María Aldaya
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha autorizado este lunes el traslado a Pamplona cuando las condiciones sanitarias por el coronavirus lo permitan de Francisco José Ramada Estévez, preso de ETA que se acogió a la 'vía Nanclares' y que fue condenado por los secuestros del abogado Cosme Delclaux y el empresario José María Aldaya. También ha aprobado el traslado a Madrid de Íñigo Gutiérrez Carrillo y María Lizarraga Merino.
Sobre los tres el organismo dependiente del Ministerio del Interior asegura que han cumplido la legalidad penitenciaria. Francisco José Ramada Estévez, que abandonó en 2010 la disciplina del colectivo de presos de ETA para acogerse a la conocida como 'vía Nanclares', será trasladado desde el Centro Penitenciario Murcia I a la prisión de Pamplona.
Ingresó en prisión el 13 de enero de 2001 y cumple 26 años y 3 meses de condena por atentados, secuestro y colaboración con banda armada. Cumplirá las tres cuartas partes de la pena en septiembre de 2020. La Junta de Tratamiento de la prisión Murcia I ha propuesto su progresión a segundo grado y traslado a un centro próximo a su vinculación familiar.
Íñigo Gutiérrez Carrillo será trasladado de la prisión de Valencia al Centro Penitenciario Madrid VI, Aranjuez. Este miembro de ETA ingresó en prisión el 27 de julio de 2008 y cumple una condena de 14 años por los delitos de colaboración con banda armada y depósito de armas y municiones. Cumplió las tres cuartas partes de la condena en enero de 2019 y, según Interior, "ha aceptado la legalidad penitenciaria".
La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Valencia ha propuesto la aplicación al primer grado del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y su traslado al módulo de familias de Madrid VI.
María Lizarraga Merino también será trasladada desde el Centro Penitenciario de Valencia a Madrid VI, en Aranjuez. Ingresó en prisión el 18 de diciembre de 2008 y tiene una condena de 19 años y 13 meses por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documento público, tenencia de explosivos, tenencia ilícita de armas, robo y hurto.
En este caso, cumplirá las tres cuartas partes de la condena en enero de 2024. La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Valencia ha propuesto su progresión a segundo grado y traslado al módulo de familias de Madrid VI.
Desde la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior se han autorizado una treintena de traslados a cárceles próximas del País Vasco de presos de ETA, en algunos casos entre críticas de las víctimas.
Esto mismo ocurrió el pasado 11 de mayo cuando Prisiones autorizó el traslado para los presos condenados por terrorismo Álvaro Juan Arri Pascual y Josune Oña Ispizúa, con penas de 30 y 25 años por delitos de atentado, así como progresar al tercer grado o al régimen de semilibertad a José Ramón Foruria Zubialdea.
El 30 de abril, ya con el estado de alarma por el coronavirus en vigor, Instituciones Penitenciarias concedió la progresión al tercer grado de otros tres presos de ETA: Javier Aguirre Ibañez, Yagoba Codo Callejo y Fernando Alonso Abad. La decisión fue censurada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que pide que se exija la colaboración con la Justicia como muestra de arrepentimiento y de pronóstico de reinserción favorable, una exigencia que ha reiterado este lunes.
