Se eleva a 86 el número de residencias investigadas penalmente por el Ministerio Público como consecuencia de la situación creada por la pandemia de Covid-19, más del doble que el pasado viernes
REDACCIÓN/ AGENCIAS
La Fiscalía General del Estado ha elevado este martes hasta 86 el número de residencias investigadas penalmente por el Ministerio Público como consecuencia de la situación creada por la pandemia de Covid-19, una de ellas en Murcia, cuando el pasado viernes eran dos.
Añade que actualmente también constan abiertas 121 diligencias civiles en relación con el amparo de los derechos individuales y colectivos de las personas en situación de vulnerabilidad.
Se trata de más del doble de centros sobre los que informó el viernes pasado el ministerio público (38), que este martes ha ofrecido datos actualizados y ha precisado que esta cifra puede variar la semana que viene en función de si se reciben nuevas denuncias o si se decide archivar alguna de las diligencias ya abiertas.
Por comunidades, la Fiscalía tiene abiertas 40 investigaciones en Madrid, seguida de Cataluña, con 20.
Pero, aparte de estas investigaciones penales, el ministerio fiscal también tiene abiertas 126 diligencias civiles, que se enmarcan en la labor de protección de los derechos individuales y de colectivos de personas en situación de vulnerabilidad.
El objetivo es recopilar información sobre la situación en la que se encuentran las residencias y las personas alojadas en ellas, vigilar su evolución y resolver problemas puntuales, explica el comunicado.
En el marco de estas diligencias, según el ministerio público, los fiscales también han atendido las solicitudes de auxilio de los responsables y trabajadores de los centros, así como de los familiares.
En este caso, es Cataluña la comunidad que acumula más diligencias de carácter civil (50), muy por encima de las siguientes en la lista, Castilla y León, con 15; y Galicia, con 11.
Las Fiscalías de Andalucía registran 10, una más que la Comunidad Valenciana; mientras que se desarrollan 8 en Castilla La-Mancha; 7 en Extremadura, 4 en Madrid; 3 en Aragón y otras tantas en Cantabria; 2 en Canarias; y 1 en La Rioja, Navarra, Murcia y el País Vasco.
Por su parte, la Fiscalía ha querido reconocer y destacar "el extraordinario esfuerzo" realizado por "la inmensa mayoría" de las 5.457 residencias públicas y privadas del país y "muy especialmente" por parte de sus trabajadores y del personal encargado de los centros.
