La reforma parcial del Estatuto de Autonomía de Murcia que elimina aforamientos se debate hoy por tercera vez en el Congreso | Onda Regional de Murcia
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El Congreso inicia por tercera vez la reforma del Estatuto de Autonomía que elimina los aforamientos

La propuesta ha sido defendida por Diego Conesa (PSOE), Joaquín Segado (PP) y Juanjo Molina (Cs). En el debate estuvo muy presente la figura del expresidente regional, Pedro Antonio Sánchez

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REDACCIÓN | AGENCIAS. Murcia

El Congreso de los Diputados inicia por tercera vez este martes la tramitación de la sexta propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía de Murcia para suprimir la figura del aforado en la región, tras quedar paralizada en dos ocasiones el año pasado por las elecciones del 28 de abril y del 10 de noviembre.

"No estaría mal que a la tercera fuera la vencida", ha deseado el portavoz de Cs en la Asamblea de Murcia, Juan José Molina, que ha defendido en el Congreso la propuesta de modificación, junto a los portavoces del PSOE, Diego Conesa, y del PP, Joaquín Segado. A la espera de la votación final, la mayoría de los grupos parlamentarios han apostado en el primer pleno legislativo del año por volver a tomar en consideración la iniciativa del parlamento murciano para eliminar el aforamiento a sus 45 diputados y a los once miembros del Gobierno regional, incluido el presidente autonómico, Fernando López Miras.

A pesar de que todos los grupos mostraban su disposición a sacar adelante la propuesta, que estaba paralizada por las convocatorias electorales, sus portavoces han llevado hasta la tribuna del Congreso, los enfrentamientos habituales por la financiación, el Mar Menor o las infraestructuras. Muy presente en el debate la figura del expresidente Pedro Antonio Sánchez, al que sin citarlo expresamente, se referia el socialista Diego Conesa, reclamando la eliminación del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, anunciaba el voto favorable pero está convencido de que son otras las prioridades por las que claman los murcianos.

La iniciativa de la supresión de aforamientos centraba la intervención del portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, asegurando que si la justicia es válida para los ciudadanos de a pie, también lo es para los cargos públicos.

El diputado de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, hacía hincapié en los cambios de voto del PP sobre los aforamientos que el explicaba en intentos de tapar la corrupción. Y desde las filas de VOX, Luis Gestoso, no ha ahorrado calificativos para el expresidente Pedro Antonio Sánchez. "Por su actuación se explica la reforma", decía.

Hasta Madrid se han desplazado el presidente del parlamento regional, Alberto Castillo, miembros de la Mesa de la Asamblea, representantes de los distintos grupos de la cámara y los tres comisionados para la defensa de la propuesta de modificación.

Los tres han coincidido en señalar que el aforamiento es un privilegio desfasado y que debe ser suprimido o limitado para avanzar hacia la regeneración democrática y han deseado que "a la tercera sea la vencida".

La reforma del Estatuo de Autonomía para eliminar los aforamientos de polítcos fue una propuesta que la Cámara ya aceptó tramitar durante las dos legislaturas anteriores quedando paralizada, en ambas ocasiones, por la disolución de esta ante la convocatoria de elecciones generales. El texto no decayó porque las reformas estatutarias y las iniciativas legislativas populares son las únicas iniciativas parlamentarias que hereda el siguiente Congreso tras unas elecciones.

Además de esta revisión estatutaria parcial para eliminar aforamientos, el Congreso tiene pendiente debatir una reforma integral del Estatuto de Murcia que la asamblea regional aprobó justo antes de su disolución con motivo de las elecciones autonómicas de mayo de 2019 y que llegó al Congreso el pasado verano.

El debate sobre el aforamiento de los políticos cobró protagonismo en 2018 después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara que estudiaría una reforma constitucional para eliminar esta prerrogativa, por la que diputados y senadores no son juzgados por los tribunales ordinarios, sino únicamente por el Supremo. La idea no ha llegado a traducirse nunca en una propuesta.

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