La ministra ha pedido al Gobierno Regional que active todas las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de las normas sobre agua, explotación y gestión de buenas prácticas en las actividades agrícolas
SILVIA MATEO. Cartagena
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha lamentado la “relajación” de la normativa autonómica en materia de vertidos y aguas residuales en la Región de Murcia, y ha apuntado a estas aportaciones como "especialmente peligrosas" para el Mar Menor.
Ribera, quien ha comparecido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha manifestado su preocupación porque, “en una pretendida recuperación", el Gobierno Regional relaje esa normativa, que afecta a la presión de las zonas turísticas o las actividades minera o agrícola.
La ministra ha incidido en que la situación del Mar Menor es un asunto "particularmente sensible para todos" y, por ello, ha pedido al Gobierno regional que active todas las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de las normas sobre agua, explotación del agua y gestión de buenas prácticas en las actividades agrícolas.
Se trata de un ecosistema “enormemente frágil y singular, en cuya recuperación confluyen competencias muy distintas desde los tres niveles de la Administración”, por lo que ha abogado por acordar medidas estructurales que disminuyan la carga de sustancias contaminantes que llegan hasta sus aguas.
La ministra ha insistido en que para recuperar el Mar Menor es fundamental impulsar medidas estructurales en coordinación con todas las administraciones. Teresa Ribera ha recordado que ya hay activadas varias líneas de trabajo como la tramitación de la declaración de "acuifero en riesgo" por acumulación de nitratos que está en el origen de la denominada sopa verde.
El ministerio de Transición ecológica está trabajando en la preservación del entorno del Mar Menor con actuaciones coordinadas con Demarcación de Costas y en la restauración de la balsa de residuos mineros.
La ministra ha recordado que ha pedido al Gobierno Regional que active las medidas para vigilar el uso del agua en las actividades agrícolas y ha puesto de manifiesto que la Fiscalía se ha puesto en contacto con el Gobierno para llevar a la práctica el principio de "quien contamina paga".
