Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno en rueda de prensa en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca tras mantener un encuentro con el Rey Felipe VI
AGENCIAS. Palma de Mallorca
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado comentar este miércoles la imputación de Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido y se ha limitado a expresar su "máximo respeto" hacia la labor de los jueces y su "independencia".
"La actitud que siempre he mantenido desde que soy presidente del Gobierno no se ve afectada. Creo que hay que respetar que estamos en un Estado social y democrático de Derecho y que hay una independencia del poder judicial, y está investigación está en manos del poder judicial. Por tanto, máximo respeto a la independencia de los jueces en este aspecto, como en muchos otros que nada tienen que ver con la política", ha declarado.
Así se ha pronunciado Sánchez en rueda de prensa en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca tras mantener un encuentro con el Rey Felipe VI, ante varias preguntas de los periodistas, que querían saber si al presidente le preocupa que su socio de gobierno esté imputado.
PODEMOS PIDE LA NULIDAD DEL PROCESO
Podemos ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa en la que el partido está imputado como persona jurídica al considerar que las pruebas que dice haber aportado el abogado despedido José Manuel Calvente son meras "sospechas", no tienen "relevancia penal" y además fueron obtenidas de forma "ilícita".
El escrito, de 26 páginas, afirma que el auto de imputación "adolece de nulidad radical y de pleno derecho, en tanto que la documentación aportada por el denunciante habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones de su cargo, en detrimento del derecho fundamental a la intimidad que es predicable tanto de las personas jurídicas así como de los miembros que la componen y de terceras personas afectadas por dicha intromisión injustificada".
En su opinión, la documentación aportada por Calvente al Juzgado de Instrucción número 54 de Madrid, que ha llevado a éste a imputar al partido y varios dirigentes por posible malversación y administración desleal, tiene "un efecto contaminante sobre el resto de las pruebas que se puedan obtener en el seno del presente procedimiento".
NO REVELA EL PARADERO DEL REY EMÉRITO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado este miércoles la diferencia entre el poder ejecutivo y la Jefatura del Estado y por tanto ha remitido a la Casa Real y al propio Juan Carlos I las informaciones sobre el paradero del rey emérito tras su anuncio de fijar su residencia fuera de España.
En una comparecencia ante los medios de comunicación después de mantener un despacho con Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, Sánchez ha apuntado que todas las cuestiones relacionadas con Juan Carlos I deben ser trasladadas a la opinión pública por Zarzuela "o el propio afectado", pero en ningún caso serán reveladas desde el Palacio de la Moncloa.
SÁNCHEZ, DISPUESTO A SEGUIR NEGOCIANDO CON AYUNTAMIENTOS
Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios el decreto ley que recoge el acuerdo con la FEMP sobre la utilización de los remanentes y el uso del superávit, ante las críticas de distintos municipios y partidos políticos.
En su comparecencia, Sánchez ha expresado la "voluntad de llegar a acuerdos" con los ayuntamientos, de los que ha dicho que tienen que ser "parte protagonista" de la reactivación del país tras la pandemia del coronavirus.
En este punto, ha incidido en que sigue la "mano tendida" del Gobierno a los consistorios locales, después de que alcaldes de distintos partidos políticos criticaran el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias para la utilización del superávit y la liberación de los remanentes.
El Consejo de Ministros transformó en decreto ley el acuerdo con la agrupación municipalista, por lo que tiene que llevarlo al Congreso de los Diputados antes de 30 días hábiles, ya en septiembre. En esa votación, vistas las posiciones de los grupos de la oposición, e incluso de Unidas Podemos, tanto en la FEMP como en comparecencias públicas, el decreto ley está a día de hoy más cerca de ser derogado que refrendado.
A un mes de su votación, una quincena de partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar este decreto.
