El juez pide a Fiscalía que informe si aprecia o no un posible delito de cohecho. El secretario general del PP en la Región de Murcia, José Miguel Luengo dice que "no hubo trato de favor y las acusaciones son falsas"
REDACCIÓN. Murcia
El titular del Juzgado de instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, ha abierto diligencias previas para aclarar si el Presidente regional y el Secretario General de la Consejería de Salud, Andrés Torrente, cometieron un delito de cohecho por un supuesto trato de favor para un familiar del Secretario General del PP, Teodoro García Egea, al que, según una información de InfoLibre, se le habría colado para ser operado en la Arrixaca.
La denuncia fue interpuesta por Podemos e Izquierda Unida tras conocerse la información publicada por ese medio de comunicación, basada en imágenes de whatsapp captadas del móvil del Presidente durante un pleno de la Asamblea. Una presencia, la de cámaras y fotógrafos en el Parlamento regional, que días después se vetó aludiendo desde la presidencia de la Asamblea al cumplimiento de medidas Covid.
En los mensajes captados por las cámaras se ve una conversación entre Teodoro García Egea y Fernando López Miras en la que este le confirma la fecha de la intervención y le transmite la información que acababa de facilitarle el secretario general de la Consejería de Salud, Andrés Torrente.
Javier Sánchez Serna coordinador de Podemos en Murcia espera que la justicia llegue hasta al final y denuncia que el PP se está saltando todas las lineas rojas.
Por su parte el secretario general del Partido Popular de la Región de Murcia, José Miguel Luengo, ha acusado a Podemos de "utilizar la Justicia para sus sucios fines políticos sabiendo que la denuncia contra el presidente, Fernando López Miras, es rotundamente falsa".
Luengo ha recordado que "un informe del propio Hospital de la Arrixaca descartó que hubiera trato de favor o privilegio alguno al familiar de García Egea, lo que demostró que las acusaciones eran totalmente falsas". Además, se dejó patente que “el personal vinculado al PSOE y Podemos habían aprovechado esta situación para cometer un supuesto delito de intromisión ilegítima accediendo a los datos personales de la historia clínica de un paciente, algo muy grave”.
