Pedro Luengo asegura que el decreto que simplifica los trámites ambientales en la Red Natura 2000 incurre en inconstitucionalidad e insta a los grupos políticos a que denuncien la situación en instancias superiores
ANA IZQUIERDO. Cartagena
El decreto que simplifica los trámites ambientales en la Red Natura 2000 delega competencias en los ayuntamientos y modifica los trazados de las vías pecuarias, incurriendo en inconstitucionalidad, según ha señalado hoy en el parlamento el portavoz de Ecologistas en Acción, Pedro Luengo.
Dice que no está justificada la urgencia, ni que el Gobierno regional se salte a los órganos consultivos en la modificación de varias leyes como la de Protección Ambiental, la del Mar Menor, la de Montes, la de Vías Pecuarias, la de Caza y Pesca o la que regula el IMIDA. Pedro Luengo añade que para el Gobierno regional la única forma de agilizar trámites y plazos es eliminarlos sin garantías de preservación del medio ambiente.
Luengo detecta varios incumplimientos de normativa de rango superior que tienen que ver con los informes de afectación a la Red Natura 2000, las licencias de actividad que otorgarán los municipios y la regulación de Vías Pecuarias. Reitera que se incurre en inconstitucionalidad e insta a los grupos políticos a que denuncien la situación en instancias superiores.
Ecologistas en Acción apuesta por una consejería de Medio Ambiente con estructura propia, dirigida por profesionales de prestigio y sin injerencias.
PSOE Y PODEMOS SE OPONEN A LA RELAJACIÓN DE CONTROLES AMBIENTALES
PSOE y Podemos arremeten, de nuevo, contra la relajación de los controles ambientales que, aseguran, propone un decreto del Ejecutivo "utilizando como excusa la pandemia". El PP niega las acusaciones y mantiene que la simplificación que proponen moverá la economía y el empleo.
La socialista Dolores Martínez Pay critica que Murcia sea la única Región que carece de ley forestal, recuerda que han presentado recurso ante el Constitucional e insiste en que la norma camufla la desprotección ambiental en favor de la red clientelar del PP.
María Marín, de Podemos, afirma que lo que se hace con el decreto, aprovechando la COVID, es rebajar las garantías ambientales y desmantelar el medio ambiente en la Región, y propone una consejería de medio ambiente separada de agricultura, con competencias y presupuesto propio.
El grupo parlamentario Vox entiende que eliminar algún paso en la tramitación ambiental para agilizar los procesos no tiene que implicar una merma ambiental, según ha dicho el diputado Francisco Carrera.
Para Juan Antonio Mata, del PP, la excesiva burocracia es un freno al desarrollo, y coincide en que agilizar los trámites administrativos no implica una desprotección de los espacios ambientales, al tiempo que defiende la adaptación del decreto a las leyes estatales.
