Intentará lograrlo con 8 medidas aprobadas en el Consejo de Ministros. Un Real Decreto obligará a las compañías eléctricas a devolver unos 2.600 millones. Las nucleares amenazan con parar su producción
REDACCIÓN
El Gobierno de España estima que cada consumidor notará, desde septiembre, una rebaja mensual del 22% en la factura de la luz. El Consejo de Ministros ha aprobado la intervención del beneficio de las compañías eléctricas para reducir el precio del suministro eléctrico. Se hace con un Real Decreto Ley que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros. Así lo ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera: "Es importante que parte de esa retribución vuelva al sistema, que contribuyan con parte de sus beneficios extraordinarios al menos mientras dure esta situación excepcional de precios de luz y de gas".
Se trata de una de las ocho medidas que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes con el objetivo de frenar la escalada que los precios energéticos están experimentando en los últimos meses. El paquete de medidas pasa por una rebaja de los impuestos del sector. Entre ellos el IVA, que pasará del 21 al 10%. También se recortará el impuesto especial a la energía eléctrica desde el 5,1 al 0,5% y continuará suspendido hasta finales de año el impuesto del 7% a la generación eléctrica, refrendado por el Gobierno en junio. Teresa Ribera explicaba que "Supondrá una rebaja en la factura para el consumidor del 22% mensual hasta fin de de año. Esta reducción se incrementaría hasta un 30% cuando sumamos el efecto de la congelación fiscal aprobada en junio".
LAS ELÉCTRICAS CRITICAN EL INTERVENCIONISMO DEL GOBIERNO
El sector eléctrico ha rechazado las medidas "intervencionistas" presentadas este martes por el Gobierno para rebajar la factura de la luz al considerar que van en contra de las compañías eléctricas, a la vez que las nucleares han vuelto a amenazar con parar su producción si el Ejecutivo sigue adelante con el proyecto de ley del CO2, como ya hicieron el pasado mes de junio.
El plan presentado por la vicepresidenta Teresa Ribera, que permitirá rebajar la factura en un 22 %, prevé, entre otras actuaciones, un recorte de 2.600 millones de euros sobre los beneficios de las grandes eléctricas, la reforma fiscal de la factura y la creación de subastas de electricidad para comercializadoras independientes y grandes consumidores.
Tras conocer las medidas, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha pedido al Gobierno que busque soluciones "verdaderamente eficaces" que protejan a los consumidores de la tarifa regulada o PVPC, además de volver a señalar al gas como principal responsable del aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista.
La patronal de las eléctricas ha criticado que se castigue de manera injusta al sector, y califica de "desacertada" la actuación para recortar los posibles beneficios extraordinarios que obtienen las centrales de generación hidráulica y nuclear en el mercado eléctrico como consecuencia de los altos precios del gas.
LAS NUCLEARES AMENAZAN CON PARAR
El Foro Nuclear ha asegurado este martes que las centrales nucleares españolas se verán obligadas a parar su producción si el Gobierno aprueba el proyecto de ley que regula el dividendo del CO2, por el cual se reducen los beneficios que obtienen las plantas de esta tecnología al no emitir dióxido de carbono.
Además, en un comunicado, la patronal del sector nuclear ha lamentado que las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para rebajar la factura eléctrica, pese a ser de aplicación temporal, "ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear".
Según el Foro Nuclear, el proyecto de ley del CO2, que persigue minorar los beneficios de centrales eléctricas hidráulicas, nucleares y eólicas de antes de 2003 para rebajar la factura de la luz, en los términos en los que está planteado, unido a la "excesiva presión fiscal" que sufre el sector, hará imposible que las centrales nucleares españolas sigan funcionando.
EL PP CONSIDERA LAS MEDIDAS COMO UN PARCHE, INSUFICIENTES Y DE DUDOSA LEGALIDAD
La portavoz del Partido Popular en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha reclamado que "se use el dinero obtenido en las subastas de CO2, esos 2.000 millones, para aliviar las facturas. Podría de forma inmediata tener un efecto para todos los españoles" y también que "se traspasen los costes no energéticos a los presupuestos del Estado".
