Puigdemont fue detenido el pasado 23 de septiembre en Cerdeña pero quedó en libertad sin medidas cautelares al día siguiente tras una primera declaración ante la juez de guardia
REDACCIÓN | AGENCIAS
El Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) ha decidido suspender el procedimiento sobre la entrega a España del expresidente catalán Carles Puigdemont a la espera de que se pronuncie la justicia europea sobre la inmunidad del líder independentista y la cuestión prejudicial, afirmó su abogado en Italia, Agostinangelo Marras.
Puigdemont, que no hizo declaraciones a la salida de la Corte que estudió su posible entrega a España, fue detenido el 23 de septiembre a su llegada al aeropuerto de Alguer por una orden del Tribunal Supremo y fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Sassari, aunque fue puesto en libertad al día siguiente.
Puigdemont fue detenido el pasado 23 de septiembre en el aeropuerto de Alguer (noroeste de Cerdeña), a donde viajó para participar en un festival de folclore catalán, pero quedó en libertad al día siguiente tras una primera declaración ante la jueza de guardia y pudo regresar a su residencia en Waterloo (Bélgica) hasta la vista.
La jueza decidió no imponer ninguna medida cautelar a Puigdemont y permitirle viajar fuera de la isla porque, según explicó en la providencia, tales medidas hubieran "comprometido de manera grave el derecho del detenido a viajar libremente para participar en reuniones del Parlamento europeo, (un derecho) garantizado por la inmunidad, aún intacta", que protege a los eurodiputados en sus desplazamientos.
La defensa del reclamado sostiene que las autoridades españolas no han respetado el compromiso de suspender la euroorden contra Puigdemont mientras se resuelve en la Justicia europea una cuestión prejudicial remitida por Llarena para aclarar las razones por las que un Estado miembro puede rechazar ejecutar una OEDE.
El líder independentista intentó sin éxito antes del verano que la Justicia europea admitiera medidas cautelarísimas para devolverle temporalmente la inmunidad mientras resolvía su demanda contra el Parlamento europeo por aprobar el suplicatorio del Supremo.
Sin embargo, el Tribunal General de la UE avisó en el auto de que no veía necesarias las cautelares por que no había riesgo de una nueva detención en otro Estado miembro mientras el Tribunal de Justicia de la UE no resolviera la cuestión prejudicial pendiente presentada por Llarena para aclarar el alcance de las euroórdenes.
La Justicia europea evocó el compromiso por parte de España de mantener la euroorden suspendida hasta que se resolviera la prejudicial y dejó la puerta abierta a examinar nuevas cautelares si finalmente se produjera el arresto de Puigdemont dentro de la Unión Europea, lo que ha sucedido esta semana pasada.
En este contexto, Llarena remitió el pasado jueves un escrito al Tribunal de Apelación de Sassari instándole a ejecutar la orden de detención y entrega porque seguía vigente y no había quedado suspendida por la cuestión prejudicial pendiente en el Tribunal europeo. El magistrado del Supremo, además, reprocha a la Abogacía del Estado su intromisión por haber indicado al Tribunal General de la UE que la euroorden estaba temporalmente desactivada.
