Se atiende así a las denuncias presentadas días atrás por PSOE y Unidas Podemos
REDACCIÓN. Murcia.
El fiscal José Luis Diaz Manzanera confirmaba a Onda Regional la apertura de este procedimiento aunque por el momento no se ha determinado ninguna actuación. Con aquellas que realice el ministerio público se tratará de establecer si se ha incurrido en algún ilícito penal en la dispensación de vacunas a funcionarios de la consejería y el Servicio Murciano de Salud, así como de casos concretos como el de la ya exalcaldesa de Molina de Segura y que se habrían producido fuera del protocolo del ministerio de Sanidad.
Fuentes del ministerio público han dicho que como primera medida se pedirá la información correspondiente a la Consejería de Salud para que informe sobre el número de vacunaciones efectuadas, sus beneficiarios y quién las autorizó. También se tratará de conocer si las personas vacunadas tenían derecho a poder ser vacunadas antes de llegar su turno.
La administración de la vacuna, presuntamente, antes de los plazos previsto estuvo en el origen de la dimisión del consejero de Salud del gobierno murciano, Manuel Villegas, producida la semana pasada, y de la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, que anunció su renuncia este lunes.
El mayor escándalo en torno a esas situaciones se produjo al conocerse que fueron varios centenares de funcionarios de la propia Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma los vacunados, muchos de ellos, incluso no siendo sanitarios.
