Así lo ha indicado el Fiscal Superior José Luis Díaz Manzanera durante la apertura del Año Judicial que se celebra este viernes
ASR. Murcia
El Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma José Luis Díaz Manzanera avanza que antes de final de año estará listo el auto de procedimiento abreviado en el caso 'Topillo' de contaminación del Mar Menor, con vistas a la apertura, en el futuro, de juicio oral.
Durante el acto de apertura del Año Judicial 2021/22 que se ha celebrado este viernes en la Ciudad de la Justicia de Murcia, Díaz Manzanera ha expuesto que, a pesar de ser el "más grave problema medioambiental de esta región, resulta ‘desolador’ ver que, desde diciembre de 2017, cuando la Fiscalía presentó la denuncia, la situación medioambiental ha empeorado con viarios episodios de eutrofización y de anoxia con mortandad de flora y fauna".
Manzanera ha afirmado que la posible solución a este problema "no se va a encontrar en la vía judicial" que, como mucho, "puede conseguir la exigencia de responsabilidades penales y civiles, o que se exiga a los infractores la responsabilidad ambiental para restaurar". Así, el Fiscal Superior concluye que la solución al problema del Mar Menor debe tratarse en el ámbito político y administrativo, con una coordinación y entendimiento entre administraciones competentes y sectores afectados.
"A problemas extremos hay que aplicarle soluciones extremas, por muy duras que sean esas decisiones", ha manifestado el Fiscal Superior de la Región, quien ha estimado que, en la vía judicial se podría conseguir en primer lugar la "exigencia de responsabilidades penales y civiles derivadas de aquellas, aplicando el fin retributivo de las penas a los responsables de la contaminación, y a los responsables públicos que hayan omitido su obligación de actuar, así como buscar la prevención general y especial".
En segundo lugar, estima que también se puede conseguir por vía judicial que, a instancia de la Fiscalía, "se interese de la Administración competente que exija a los infractores la responsabilidad ambiental para restaurar y reparar e indemnizar, y si se omite esta obligación, el presentar una demanda en el Tribunal Superior de Justicia para obligar a actuar, como así es conocido que tristemente ha sucedido esto último".
No obstante, ha insistido en que este problema "debe tratarse en el ámbito político y administrativo", y ha considerado que "todo gira fundamentalmente en una necesidad ineludible de coordinación y entendimiento entre las administraciones competentes y con los sectores afectados". "Y las negligentes gestiones en estos temas, por muy nefastas que sean sus consecuencias, difícilmente pueden ser revisadas por el derecho penal", al no estar tipificados los delitos contra la Administración Pública en su modalidad imprudente, tal y como ha añadido.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
