El joven, de 29 años y con un historial previo de trombosis, murió en su domicilio después de haber sido dado de alta. El caso ha sido puesto en manos del abogado de la asociación El Defensor del Paciente.
PACO MARTÍNEZ.
La familia del joven de 29 años que hace unos días se convirtió en la víctima mortal más joven que el COVID ha provocado en la región, baraja iniciar acciones legales al entender que su fallecimiento pudo estar relacionado con una o varias negligencias en el tratamiento que recibió. El abogado de la asociación El Defensor del Paciente, Ignacio Martínez, ya ha solicitado que se tomen muestras de tejidos del cadáver y que se le de acceso a toda la historia clínica para tratar de determinar si hay indicios de algún comportamiento erróneo que pudiera haber causado la muerte del chaval.
Del relato que le ha hecho la familia, Ignacio Martínez subraya tres elementos que resultan sospechosos. El primero, que el joven haya sido considerado oficialmente como víctima del COVID cuando su fallecimiento se produjo varios días después de haber sido dado de alta por esa enfermedad.
La víctima murió en el domicilio familiar, aparentemente de una trombosis, y los servicios de emergencia que le atendieron no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Y aquí aparecen los otros dos elementos que generan dudas: el joven ya había sufrido trombosis con anterioridad, y no está claro si quienes le atendieron como enfermo COVID tomaron las medidas de prevención que cabía esperar con un historial así; además, la ambulancia que acudió a asistirle no estaba medicalizada y tardó más de una hora en llegar.
Estos son los indicios con los que trabaja el abogado que representa a la Asociación El Defensor del Paciente, que insiste en mostrarse prudente antes de plantear la posibilidad de iniciar acciones legales. De momento se ha solicitado acceso a la historia clínica y la realización de unas biopsias para poder determinar si hubo negligencia y si ésta tuvo un papel determinante en la muerte del joven
