Considera que no existen indicios suficientes de que el expresidente regional fuera conocedor o partícipe en los hechos investigados por la adquisición y gestión de la planta
ISABEL GONZÁLEZ. Murcia
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia decreta el sobreseimiento provisional de las Diligencias y ordena el archivo de las actuaciones seguidas contra el expresidente Valcárcel por el caso de la desaladora de Escombreras. En la resolución se considera que no existen indicios suficientes de que el investigado, siendo presidente del Consejo de Gobierno, fuera conocedor o partícipe en los hechos investigados por la adquisición y gestión de la compra de la desaladora, según informa el Tribunal Superior de Justicia.
De las diligencias practicadas en la presente causa, aludiendo a la voluminosa documental y a las testificales practicadas, analizadas detalladamente en la resolución, no resultan indicios suficientes para entender que el investigado siendo presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, “fuera coautor o partícipe en los hechos investigados, esto es, que tuviera conocimiento y dominio sobre los mismos, ni han quedado acreditados actos concretos relevantes que le conviertan en coautor, cooperador necesario o cómplice en los hechos investigados en torno a la adquisición y gestión de la compra de la desaladora”.
Para la magistrada tampoco han quedado acreditados "actos concretos relevantes que le conviertan en coautor, cooperador necesario o cómplice en los hechos investigados en torno a la adquisición y gestión de la compra de la desaladora".
Cabe destacar que el caso tiene su origen en una querella presentada en 2010 por el abogado murciano Diego de Ramón a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas en la construcción de la desaladora de Escombreras. De Ramón afirmaba que se trataba del "mayor escándalo de corrupción" de la Región de Murcia, al suponer un "agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional".
En la denuncia de la Fiscalía, presentada en julio de 2019 y que dió origen a esta pieza separada, se considera que Ramón Luis Valcárcel como presidente de la Comunidad Autónoma no pudo ser ajeno a las gestiones realizadas para la construcción y explotación de las obras que considera pueden suponer para las arcas regionales un perjuicio de 600 millones de euros.
