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La Ley de Servicios Sociales introduce el concepto de servicio público esencial

Lo hace tras la aceptación de una enmienda del PSOE. Socialistas y Podemos han presentado más de un centenar de enmiendas relacionadas con las competencias municipales o la radio de plazas por habitante en residencias

26 MAY 2021 - 13:59
Reunión de la ponencia esta mañana en el Parlamento Regional
Reunión de la ponencia esta mañana en el Parlamento Regional. ASAMBLEA REGIONAL
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La Ley de Servicios Sociales introduce el concepto de servicio público esencial
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ANA IZQUIERDO. Cartagena

La ponencia que debate las enmiendas al proyecto de Ley de Servicios Sociales ha aprobado hoy una enmienda del PSOE que introduce el concepto de servicio público esencial. La oposición augura que PP; Ciudadanos y Vox no dejarán margen a la mejora del texto durante la tramitación parlamentaria.

El PSOE ha registrado unas 90 enmiendas y Unidas Podemos mas de una treintena para incidir en aspectos de la ley relacionados con las competencias municipales, la ratio de plazas por habitante en residencias o centros de día o las dificultades de ofrecer los mismos servicios en localidades de menos de diez mil habitantes

La diputada socialista, Toñi Abenza, considera un logro que se introduzca el concepto de servicio esencial y expresa su "inquietud por el veto a sus enmiendas de los grupos que sostienen al gobierno".

María Marín de Podemos reconoce que sus enmiendas no están teniendo éxito en la ponencia y denuncia "las desigualdades territoriales que mantendrá la ley". El diputado oficial de Vox, Pascual Salvador, anuncia su voto a favor de la nueva ley de Servicios Sociales y espera que se acepten algunas de sus enmiendas.

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Ciudadanos, Francisco Alvarez, niega un rechazo sistemático a las enmiendas de la oposición, y espera que la normativa, después de muchos años de trabajo en el parlamento, suscite el consenso de los grupos.

Maruja Pelegrín del PP coincide en que no aceptarán enmiendas que no aporten al texto remitido por el gobierno y reivindica "un concepto de justicia social basado en la libertad de acceso a los servicios disponibles, tanto públicos como privados".

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