Mientras la media nacional se sitúa en 14,2 víctimas por cada 10.000 mujeres, en la Región asciende a 19,7
REDACCIÓN. Murcia
Los juzgados de violencia sobre la mujer registraron 1.491 denuncias en el primer trimestre del año en la Región de Murcia, prácticamente las mismas que en el mismo trimestre de 2020, en el que sumaron 1.499, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.
La Región de Murcia se convierte así en la comunidad autónoma con mayor tasa de víctimas de violencia de género de toda España, con 19,7 cada 10.000 mujeres. Le siguen Baleares (18,5), Comunidad Valenciana (18,3), Canarias (18,2), Andalucía (16,1) y Madrid (15,6).
Los territorios con una ratio más baja que la media nacional (14,2) fueron Cantabria y Castilla-La Mancha (12,7), Cataluña (11,9), Navarra (11,7), Asturias (11,6), País Vasco (10,6), La Rioja (10,4), Galicia (10,3), Extremadura (19,1), Aragón (10) y Castilla y León (9,6).
Durante los primeros tres meses del año, en la Región de Murcia se acordaron 222 órdenes de protección de las 281 solicitadas, y 205 víctimas de violencia machista se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar. A nivel nacional los juzgados de violencia sobre la mujer registraron en el primer trimestre un total de 35.001 denuncias, un 3,21% menos que en el mismo trimestre de 2020, en el que sumaron 36.162.
El porcentaje de denuncias presentadas directamente por las víctimas, bien en comisaría (25.016, el 71,47%), bien en el juzgado (675, el 1,93%), ha aumentado con respecto al ejercicio anterior al pasar del 70,82% al 73,4% de todas las registradas. Es decir, siete de cada diez denuncias son de la propia víctima.
También atendiendo a datos de todo el país se advierte un leve aumento de las denuncias presentadas por los familiares de la víctima, aunque estas siguen manteniéndose en un porcentaje muy bajo. En el primer trimestre de 2020 fueron el 1,69 por ciento. Este año, entre enero y marzo, representaron el 2,23 por ciento: 458 denuncias (1,31%) se presentaron ante la Policía y 323 (0,92%) en el juzgado.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, ha dedicado sus primeras palabras a la memoria de las víctimas mortales de la violencia machista y a condenar de forma enérgica y contundente este tipo de crímenes, que han aumentado de forma muy preocupante tras el levantamiento del estado de alarma, el pasado 9 de mayo.
Desde ese día, han sido asesinadas diez mujeres y un menor; desde principios de año, la violencia machista ha acabado con la vida de 21 personas, 18 mujeres y tres menores.
Mención especial ha querido hacer la presidenta del Observatorio al caso de las dos niñas de Tenerife desaparecidas el 27 de abril, una de las cuales fue hallada muerta hace unos días. Se trata de la manifestación "más cruel y despiadada" de la violencia machista, que el maltratador ejerce sobre los hijos e hijas de las víctimas, en muchos casos también hijos suyos, para causar el mayor dolor que se puede infligir a una madre.
Por todo ello, Carmona ha alertado de que la disminución, entre enero y marzo de este año, del número de denuncias, de víctimas y de órdenes de protección no supone un descenso real de la violencia machista en el país.
Esos números son aún reflejo del efecto causado por la crisis sanitaria en este ámbito, donde las restricciones a la movilidad han supuesto un escollo más para las víctimas a la hora de dar el paso y denunciar. De hecho, desde que se decretó el estado de alarma, el 14 de marzo del pasado año, se ha producido un descenso más o menos acusado, pero constante, de esos indicadores.
En opinión de la presidenta del Observatorio, los asesinatos ocurridos desde el 9 de mayo --uno cada tres días-- ponen de manifiesto que la violencia machista ha estado larvada durante la crisis sanitaria y, con el regreso a los hábitos previos a la pandemia, se ha vuelto a mostrar con toda su crueldad.
Las restricciones a la movilidad han permitido a los maltratadores tener el control absoluto sobre sus víctimas. Con la vuelta a la normalidad, la situación ha cambiado: ha desaparecido ese férreo control y la consecuencia es la que se aprecia con horror.
Por tanto, la presidenta ha advertido de que no se puede bajar la guardia. Ni las instituciones, cuyo deber es proteger a las víctimas de la violencia machista y no dejar impunes estos delitos; ni tampoco el conjunto de la sociedad, pues en las manos de cada ciudadano está la posibilidad de prestar ayuda a una mujer que está sufriendo malos tratos.
