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Una patrulla de la Policía Local por las calles de Murcia.
Una patrulla de la Policía Local por las calles de Murcia. ORM

La mayoría de comunidades critican el decreto del Gobierno para el fin de la alarma: "Trasladan la responsabilidad a los jueces"

La Fiscalía anuncia que estudiará caso por caso la aplicación de las restricciones que acuerden los gobiernos autonómicos

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REDACCIÓN | EFE 

La Fiscalía estudiará caso por caso la aplicación de las restricciones que acuerden los gobiernos autonómicos, de manera que no establecerá un criterio general de actuación, ya que quiere que esa posición la fije cuanto antes el Tribunal Supremo, que desde el 9 de mayo tendrá la ultima palabra.

De este modo, la Fiscalía General del Estado no impondrá un mismo criterio de actuación en todas las comunidades cuando le toque presentar sus informes ante los decretos con las medidas restrictivas que adopten los gobierno regionales. Se irá caso a caso, sin atender a un criterio general y sí particular de cada comunidad autónoma en función de su situación epidemiológica y la coyuntura del momento.

No obstante, la Fiscalía aspira a que no se llegue a esta situación en que se tenga que pronunciar en diversas ocasiones sobre restricciones iguales en cada región, porque confía en que el Tribunal Supremo despeje el panorama jurídico mucho antes.

 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD

Los servicios jurídicos de las comunidades autónomas apuran los últimos días para concretar las medidas que aplicarán a partir del domingo para contener la transmisión del coronavirus sin tropezar de nuevo con los tribunales.

Un importante número de regiones se han posicionado en contra del decreto que está preparando el Gobierno central para el fin del estado de alarma y con el que el Tribunal Supremo tendrá 5 días para resolver sobre las medidas adoptadas por las autonomías. 

El Ejecutivo murciano, durante la reunión del Consejo ha vuelto a preguntar al Gobierno central si tiene un "plan claro" una vez que finalice el Estado de Alarma.

En su intervención ante el CISNS, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha recordado que desde el Gobierno regional se viene reclamando hace semanas "un plan jurídico alternativo"; una solución amparada por la ley que permita a las comunidades establecer medidas para el control de la pandemia, pero ha lamentado que "no hemos obtenido respuesta" por parte del Gobierno de España.

Pedreño ha asegurado que "esta falta de concreción y de toma de decisiones deja a las comunidades desprotegidas", y ha considerado que la propuesta anunciada ayer por el Gobierno central "es solo un parche" que no solventa la inseguridad jurídica en la que quedan las autonomías a partir del 9 de mayo, que obligará a acudir a los tribunales para poner en marcha de medidas de protección frente al virus.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido este miércoles que las Comunidades Autónomas seguirán teniendo, con su legislación ordinaria y con el decreto aprobado por el Ejecutivo central, "medidas suficientes para seguir manteniendo el virus a raya" una vez haya acabado el estado de alarma.

Darias ha repetido en varias ocasiones que el escenario actual y a partir del fin del estado de alarma, es distinto al de hace seis meses cuando se aprobó esta norma jurídica a petición de gran parte de las Comunidades Autónomas.

"Por ahora entendemos que las medidas que tienen las Comunidades Autónomas a su disposición, conforme a la legislación ordinaria y con el real decreto aprobado, son medidas suficientes para seguir atajando y manteniendo el virus a raya", ha subrayado Darias.

El primer tropiezo lo ha tenido hoy el Pais Vasco donde el Ejecutivo aprobará el viernes un decreto de medidas dirigido a restringir la movilidad para frenar los contagios por coronaviru, según indicaba el Lehendakari Iñigo Urkullu. La Fiscalía Superior ha expresado su rechazo a la posibilidad de que Euskadi mantenga el cierre perimetral y el toque de queda nocturno tras finalizar el estado de alarma. 

Navarra levantará el cierre perimetral y plantea mantener el toque de queda de 23:00 a las 06:00 horas. Castilla-La Mancha ya ha anunciado que levantará el cierre perimetral. Cataluña ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia la propuesta de restricciones por la COVID-19 para la semana que viene. No va a mantener el toque de queda nocturno -que decae la medianoche del sábado a domingo al desaparecer el estado de alarma-, sí que quiere seguir limitando las reuniones a como máximo seis personas.

Andalucía no seguirá con el toque de queda pero sí mantendrá el cierre perimetral de municipios con tasas de incidencia por encima de 500 casos cada 100.000 habitantes, adelantaba Juanma Moreno, presidente andaluz.
 
La Rioja aumentará el aforo de comercio pero mantiene el cierre de bares a las once de la noche. Galicia ampliará horarios en la hostelería con el fin del estado de alarma y trabaja en una vía jurídica para establecer medidas de restricción en aquellos municipios que estén en riesgo extremo, ha indicado Alberto Núñez Feijoó.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado que se suprime el toque de queda decretado en la Comunidad entre las 22 y las 6 horas y el cierre perimetral de la Comunidad debido a la "negligencia" y al "abandono" del Gobierno central con las comunidades.

 

EL PRESIDENTE DE LO CONTENCIOSO DEL TS ADVIERTE: " LOS JUECES NO ESTAMOS PARA GOBERNAR"

El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, César Tolosa, ha alertado este miércoles en una entrevista con Efe del "déficit importante" que existe en la legislación sanitaria de urgencia y opina que los jueces dictaminen antes de su implantación qué medidas son las adecuadas "no es el mejor sistema". "Los jueces -dice- no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos".

Tolosa, que preside la Sala de lo Contencioso del TS desde hace siete meses, advierte de que tras el 9 de mayo, con el fin del estado de alarma, se abre "un panorama desde el punto de vista legislativo sumamente complejo". Los gobiernos autonómicos tendrán que justificar muy bien ante los tribunales "el sacrificio de derechos en pos de objetivos sanitarios" y los jueces deberán ponderar intereses, señala.

Tolosa insiste en que la legislación sanitaria de urgencia, "escasa" y "poco concreta", ha dado pie a que se hayan producido las resoluciones dispares entre los distintos tribunales superiores de Justicia que quiere evitar el Gobierno.

"Sigo pensando que hemos contado con tiempo más que suficiente como para habernos dotado de una legislación sanitaria de emergencia que, dentro del respeto de los derechos fundamentales de la Constitución, no hiciera falta acudir a un instrumento tan excepcional como el estado de alarma, que está pensado para una duración temporal que no se prolongue excesivamente, pero que ahora se nos antoja como falta de instrumentos jurídicos", subraya Tolosa.

A partir del 9 de mayo, en su opinión, las comunidades autónomas van a contar con instrumentos "de mucha menor intensidad" que lo que faculta el estado de alarma. Y además, el que las restricciones acordadas por los gobiernos autonómicos tengan que ser autorizadas por los tribunales superiores de justicia va a implicar "una burocratización" que, en la práctica, supondrá impedir que se puedan aplicar de forma "automática" o con la rapidez que exige una situación de urgencia sanitaria.

Este magistrado añade que no se puede pensar que desde que decaiga el estado de alarma los que gobiernan son los jueces. "Yo creo que los jueces no estamos para gobernar ni para adoptar decisiones administrativas, sino que corresponde asumirlas a los poderes públicos sin perjuicio de que, posteriormente, el control se produzca por la vía de la posible impugnación", razona.

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