Aprobada en el Congreso de los Diputados, acaba con la venta a pérdidas. Productores, intermediarios y vendedores deberán reflejar los costes y asumir precios siempre iguales o superiores al eslabón previo de la cadena
REDACCIÓN
El Congreso de los Diputados da luz verde a la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria que obliga a cada operador a pagar un precio igual o superior al coste de producción e impide la venta a pérdidas, reivindicación histórica de las organizaciones agrarias. La normativa supone la transposición de una directiva europea de prácticas comerciales desleales y, en la práctica, garantiza precios justos para los agricultores. La reforma de la ley salía adelante este miércoles en la comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, con 19 votos favorables al dictamen, entre ellos los del PSOE y Unidas Podemos, uno en contra de Esquerra y 14 abstenciones del PP, VOX, C's y PNV. El texto será remitido al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria. Tras su aprobación, todos los eslabones de la cadena alimentaria: productores, intermediarios o vendedores se obligan a reflejar los costes de producción, hacer públicos los contratos y asumir pagos siempre igual o por encima de esos costes.
Todas las organizaciones agrarias se felicitan por la aprobación de la ley que impedirá la venta a pérdidas, pero exigen mecanismos de control y presupuesto para cumplirla. COAG, ASAJA y UPA la consideran un paso decisivo para conseguir que los agricultores tengan una renta digna. La reforma de la Ley de Cadena Alimentaria recoge así el guante de las organizaciones agrarias que en 2020 volvían a sacar a la calle a miles de productores, tractores incluidos, para exigir precios dignos. El presidente de COAG Murcia, José Miguel Marín, destacaba la importancia de incluir en la norma la prohibición expresa de vender por debajo de los costes de producción: "Un pilar estratégico, que se prohíba la venta a pérdidas en todos los eslabones de la cadena. Es fundamental que haya transparencia en las transacciones comerciales y se dé seguridad a los contratos. Los productores podrán tener así una renta digna, que es la base de la sostenibilidad del sistema".
Las principales organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA coinciden: la ley permite asegurar precios justos y retribuciones sostenibles. Pero lo más importante es que se cumpla la ley. Los agricultores defienden un presupuesto suficiente y mecanismos efectivos de control, como la figura del mediador o el observatorio nacional, así como un aumento de las inspecciones, tanto por parte de la administración central como de las comunidades autónomas. Antonio Moreno de UPA Murcia expresaba que "si somos capaces de poner en funcionamiento esas estructuras de control y seguimiento de la ley, a todos los niveles administrativos, funcionará. Y no habrá competencia desleal entre los productores y los comercializadores y obtendremos unos precios dignos del producto. Y, es importante, que sea la oferta y la demanda la que fije los precios en cada campaña".
