Arsalu reconoce que no van a ser capaces de convencer a todos los empleados de residencias para que se vacunen y alerta de que si no se toman medidas esto puede derivar en un problema serio
REDACCIÓN / Murcia
Las residencias de mayores piden que la Consejería de Política Social aclare qué deben hacer con los ancianos que se están negando a ser vacunados, y piden el apoyo de la administración para resolver también el problema que se plantea con aquellos trabajadores que tampoco aceptan recibir el tratamiento. En el caso de los ancianos, Carmelo Gómez, representante de Arsalu que es una de las entidades que gestionan residencias en la Región, explica que la mayor parte de las negativas no vienen directamente de ellos sino de sus familias, que se niegan a otorgar el consentimiento informado que le requiere la administración. Gómez recuerda que casi todas las plazas que ofertan las residencias de la región están concertadas, así que debe ser la consejería de Política Social la que aclare cómo deben actuar, y si los usuarios no vacunados pueden permanecer en el centro ocupando una plaza pública:
La situación de algunos trabajadores también es compleja. Gómez asume que no van a ser capaces de convencer a la totalidad de ellos de que deben vacunarse para proteger a los ancianos a los que tanto dicen querer. Algunos han ido entrando en razón después de ver que sus compañeros recibían el tratamiento sin presentar ninguna reacción negativa. Pero las residencias tienen que empezar a barajar otras opciones y, también en este caso, la administración tiene que mojarse.
Las negativas a recibir la vacuna no son muchas pero si no se toman medidas pueden derivar en un problema serio, porque cada una de ellas es un "agujero" en el escudo protector que para estos centros debe representar la vacunación. Un agujero por el que se cuelan "argumentos de mesa de camilla" -dice Carmelo Gómez- que pueden contaminar a otros trabajadores o residentes.
