Aseguran que la conocida como Ley del "solo sí es sí" niega específicamente la validez del consentimiento de una prostituta cuando está con un cliente
EFE
El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (Cats) y el Sindicato de Trabajadoras del Sexo (Otras) han denunciado este lunes que la Ley de Libertades Sexuales, conocida como la Ley del "sólo el sí es sí", niega "específicamente" la validez del consentimiento de una prostituta cuando está con un cliente.
En rueda de prensa previa al 2 de junio, Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, este colectivo ha criticado que el actual borrador del anteproyecto de Ley, que debe tramitarse en las Cortes, estipula que una relación sexual no consentida es violación, pero niega el consentimiento necesario para mantener esas relaciones a las prostitutas. "Negar el consentimiento por ley es infantilizarnos, cosificarnos y negar nuestra autonomía y capacidad de decisión", ha remarcado Vera, de Otras, quien ha añadido que no van a dejar que "otras mujeres, generalmente privilegiadas, nos digan cómo tenemos que vivir".
Además, el coordinador de Cats, Nacho Pardo, ha exigido el cambio del artículo 187 bis del Código Penal, como postula el Gobierno en la Ley de Libertades Sexuales, que penaliza la “tercería locativa” (despenalizada desde 1995) con hasta 3 años de cárcel para “quien, con ánimo de lucro, y de manera habitual, destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona aún con su consentimiento”.
Para Pardo, esta modificación podría abrir la puerta a poder condenar a las mujeres que alquilan o comparten inmuebles con otras prostitutas, al tiempo que ha exigido también cambiar el artículo 187.2, que amplía la penalización actual del proxeneta al que se aproveche "de una relación de dependencia o subordinación".
Este nuevo articulado, ha advertido, podría hacer que se condene a las prostitutas que se organizan compartiendo un piso si las fuerzas y cuerpos de seguridad y la justicia consideran que existe dependencia o subordinación de alguna de ellas.
Ilda, miembro de Cats, comité que atendió en 2020, en plena pandemia por coronavirus, a entre 1.800 y 2.100 prostitutas en la Región de Murcia, ha remarcado que la nueva ley está "en contra" de ellas y busca "precarizarlas", al tiempo que ha lamentado que el actual "feminismo es abolicionista" de la prostitución.
En este sentido, Vera ha alertado de que "ninguna compañera, con esta nueva normativa, se atreverá a denunciar los abusos sexuales" porque tendrá que elegir entre acudir a comisaría o "perder el piso" donde concierta los encuentros con los clientes.
Así, ha explicado que las prostitutas tendrán que hacer más servicios fuera de las viviendas, acudir a casas de clientes, ir a barrios menos seguros o "aceptar clientes malos", con la consiguiente disminución de su seguridad personal.
Vera también ha afirmado que la situación "se está normalizando" tras la pandemia del coronavirus, que obligó a las prostitutas de los clubes de alterne, cerrados durante el confinamiento, a alojarse en pisos, al tiempo que se reducía la demanda de servicios para todo el colectivo por las restricciones impuestas.
Finalmente, Cats y Otras han vuelto a reclamar a las administraciones su inclusión en una categoría profesional que les permita tener derechos laborales, como un horario de trabajo, vacaciones y una pensión de jubilación, recordando que, durante la pandemia, no se han podido acoger a un ERTE, ni a ayudas públicas ni a la prestación del desempleo.
