El presidente de la Comunidad, reitera en esta segunda sesión del Debate del Estado de la Región que la limitación de mandatos debe formar parte de la oferta electoral de los candidatos.
ANA IZQUIERDO | MACU ALEMÁN. Cartagena
El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha defendido la legalidad de la modificación de la Ley del Presidente, que asegura, no está en cuestión, ya que considera legítimo que se suprima la limitación de mandatos para que sean los ciudadanos los que elijan a sus representantes.
En esta segunda sesión del Debate del Estado de la Región el presidnete López Miras ha dirigido gran parte de su discurso a contestar algunas de las cuestiones lanzadas esta mañana por el diputado del PSOE, Diego Conesa y ha rechazado su oferta de negociación para alterar un Estatuto aprobado por unanimidad ya que asegura sería muy grave que los socialistas se atrevieran en el Congreso a modificarlo con los votos de los independentistas. López Miras ha invitado a Conesa a que supere la moción de censura que, a su juicio, fue un error, que en su caso, López Miras ha calificado de bulto, que pasó hace tres meses y que debe olvidar. Miras le reprocha que se repartieran los sillones en el momento mas complicado de la pandemia, y agradece la honestidad de los diputados expulsados de Ciudadanos con la que evitaron se cometiese una injusticia.
El presidente de la Comunidad acusa al portavoz socialista de "callar mientras el gobierno de la nación le mete el dedo en el ojo a la Región en asuntos como la desaparición del trasvase, el retraso en la llegada del AVE, la política impositiva o el reparto de los fondos europeos". López Miras ha asegurado que de seguir con el plan de aumento del caudal ecológico en el Tajo hasta 2027, el resultado será que la agricultura de la Región de Murcia desaparecerá ese año.
Fernando López Miras ha acusado a la portavoz de Podemos María Marín de menosprecio y faltas de respeto, así como de utilizar la inviolabilidad de las declaraciones en el parlamento para mentir en el caso de un posible trato de favor en la sanidad regional a un familiar del secretario general del PP Teodoro García.
El presidente del Consejo de Gobierno ha cerrado la replica del Debate del Estado de la Región tendiendo la mano y pidiendo al principal grupo de la oposición que pase página y acepte negociar acuerdos de Región como los relacionados con las infraestructuras y la justicia.
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
PP, expulsados de Ciudadanos y Vox respaldan en la Asamblea Regional pedir al gobierno de la Nación que se mantengan las reglas actuales del trasvase Tajo-Segura e implantar el veto parental, a propuesta de Vox, y sin mencionarlo expresamente. PSOE y Podemos consiguen aprobar iniciativas para reforzar la sanidad pública y conseguir que se cumpla en la Región la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.
Las formaciones que sustentan al gobierno aprobaron sus 45 propuestas de resolución: la mayoría requerimientos al gobierno central, para, por ejemplo, mantener el actual memorandum del acueducto y no aumentar el caudal ecológico del Tajo, recogido en la nueva planificación hidrológica. A propuesta de populares, tránsfugas de Ciudadanos, y Vox salió también adelante un llamamiento al consejo de gobierno a establecer, en palabras textuales, mecanismos que garanticen la imparcialidad ideológica entre los empleados públicos, especialmente en la enseñanza. Una alusión sin nombrarla al polémico veto parental.
También se aprobaron peticiones al ejecutivo de Pedro Sánchez para reformar el actual sistema de financiación, firmar un protocolo que coordine las actuaciones en el Mar Menor y crear un alto comisionado dependiente del ministerio.
El PSOE consiguió la aprobación de dos iniciativas dirigidas al consejo de Gobierno con los objetivos de adaptar el programa de salud mental a la nueva realidad de la pandemia y de elaborar un plan estratégico cultural de la Región de Murcia. Por iniciativa de Podemos salieron adelante otros requerimientos al ejecutivo de López Miras para reforzar la igualdad en todas las áreas de salud y conseguir que se cumpla la ley que garantiza el derecho al aborto en la sanidad pública.
