Esta coordinadora estatal denuncia que el gobierno promueva que esta situación se resuelva en los tribunales: "Serían unos 100.000 litigios en España". En La Palma (Cartagena) los vecinos reclaman parcelas del cementerio
SILVIA MATEO
La Coordinadora Recuperando reclama que se declaren nulas las inmatriculaciones de la Iglesia porque, dice, son inconstitucionales. La organización, que agrupa a una veintena de colectivos nacionales, tacha de insulto tener que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica.
Después de que el Gobierno de España haya hecho público el listado de bienes que la Iglesia Católica inmatriculó desde 1998, con la reforma hipotecaria del Gobierno de José María Aznar y hasta 2015, Andrés Valentín, portavoz de la Coordinadora para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Institución Católica, opina que la respuesta del ejecutivo llega tarde y mal. Considera una gran trampa que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados: "Está promoviendo 100.000 litigios. Si por cada bien hay que hacer un recurso, sería una locura".
En la Región de Murcia, los bienes inmatriculados por la Iglesia ascienden a 478, incluyen viviendas, terrenos y hasta parcelas de un cementerio en la diputación cartagenera de La Palma. Cinco años después de que la Iglesia inscribiera el camposanto cartagenero en el registro de la propiedad, el asunto está en los tribunales. Se ha constituido una asociación de afectados que ha decidido acudir a la justicia por la venta de la propiedad de las parcelas, los nichos y los panteones que dicen, correspondía a sus familias. "Que tenga que ser la movilización ciudadana la que empuje para que esto retorne a donde no debía haber salido..." explicaba Valentín.
Tras conocer el listado de bienes, Andrés Valentín critica que es un documento parcial que no incluye las inmatriculaciones realizadas entre 1946 y 1998, ni las notas simples para conocer fechas o superficies. La coordinadora, que afirma que no es anticlerical sino sólo defensora del Patrimonio del Estado, opina que es necesaria una solución normativa, vía ley o decreto que con una nulidad retorne los bienes a la situación anterior: "Al menos las realizadas tras 1978 porque serían claramente anticonstitucionales".
