El juzgado ordena paralizar los trabajos agrícolas cercanos al vertedero minero de Los Blancos

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena acuerda “la suspensión inmediata de toda labor agrícola” en tres parcelas de dos Polígonos de Cartagena cercanos al vertedero minero de Los Blancos, así como “la comercialización de los productos cultivados en ellas con destino al consumo humano o animal”, hasta que los suelos no hayan sido descontaminados.

Paralización que, según el auto notificado hoy, “deberá ser tramitada, verificada y supervisada por la Dirección General correspondiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, previos los trámites y declaraciones oportunos, en su caso”.

Además, se ordena que se remitan los resultados del informe a las direcciones generales de Sanidad Vegetal y Calidad Ambiental, “para la retirada, si procede, de la acreditación como Cultivos Ecológicos” y “para la iniciar, en su caso, los trámites de declaración de los suelos como contaminados”.

“Con la medida cautelar solicitada se trata, por tanto, de proteger a los potenciales consumidores de los productos cultivados en las parcelas afectadas, ante un elevadísimo riesgo de padecer graves enfermedades, pero también de evitar la continuidad delictiva por parte de la investigada, quien durante la instrucción de la presente causa no ha adoptado medidas eficaces de prevención y tratamiento adecuado de los residuos mineros que posee y gestiona”, explica el magistrado instructor.

En la fundamentación de la resolución, el magistrado analiza cada uno de los presupuestos que deben concurrir de acuerdo con el ordenamiento jurídico para acordar la procedencia de la medida cautelar solicitada (resumidamente: situación jurídica protegible, apariencia de buen derecho y riesgo de producción de un daño, además de los requisitos de legalidad, proporcionalidad, excepcionalidad y accesoriedad), a la vista de las diligencias de investigación practicadas. Fundamentalmente, el informe que solicitó el instructor al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que “se verificara la afectación, impacto de los lixiviados y arrastres de residuos mineros en los suelos agrícolas” próximos a la Corta de los Blancos y la diligencia de toma de muestras en los cultivos existentes en los terrenos afectados. Atestado que concluye que estos en estos suelos existen “elevadas concentraciones de arsénico, cadmio y plomo”.

Por otra parte, acuerda que se requiera “de forma urgente” a Portman Golf para que inicien las medidas necesarias para evitar la erosión eólica y que el agua de lluvia o de escorrentía “penetre en los residuos peligros vertidos y almacenados en La Corta de los Blancos”. Además, ordena que la mercantil realice una balsa de recogida de lixiviados y escorrentías contaminantes y una zanja de hormigón impermeabilizada en el exterior del vertedero. Trabajos que, según la resolución, serán supervisados por el Seprona y la Dirección General competente.

La medida adoptada en la resolución, que no es firme y contra la que cabe interponer recurso de reforma y apelación, “se adopta por el tiempo que esté vigente el presente procedimiento, sin perjuicio de poder dejarse sin efecto o modificarse en cualquier momento durante su tramitación”.

El auto reconoce el riesgo para la salud y, no sólo impide cualquier trabajo agrícola, también prohíbe  la comercialización de productos cultivados en las parcelas y plantea retirar la acreditación de cultivo ecológico que les afecta. La resolución forma parte de un proceso iniciado en 2017 por el abogado murciano Diego de Ramón y del que forma parte como acusación Ecologistas en Acción. El abogado de esta organización, José Manuel Muñoz, cree lógica la prohibición pero piensa que la medida debería haberse adoptado mucho antes y por parte de la consejería de Medio Ambiente.

El letrado cree que la fase instrucción no tardará mucho en terminar. Será ese el momento de establecer el tipo de delito y los responsables de esta contaminación en la Sierra Minera.