El decreto que impide privar de la vivienda habitual a colectivos especialmente vulnerables termina el 30 de septiembre y excluye los casos en los que hay contrato de arrendamiento
ANABEL ARAMENDÍA / ANA R. GÓMEZ. Murcia
Aumentan las familias murcianas con aviso de desahucio por no pagar el alquiler. En unos casos son las deudas acumuladas por la crisis, y en otros la no renovación del alquiler social que consiguieron al perder su casa por impago de hipoteca. No pueden pagar y las ONG no dan abasto para intentar frenar las ejecuciones.
Hay semanas en las que la asociación ADVIS acude hasta a cuatro avisos de desahucios. Charo Tárraga, portavoz de esta ONG, recuerda que la detención de los desalojos es sólo un parche sobre situaciones de pobreza cada vez más agravadas por la crisis económica que se hizo más grande con la pandemia, y ahora con el aumento de la inflación:
ADVIS tiene su sede en San Javier, de ahí su cercanía con la situación de la comarca del Mar Menor y los casos en aumento en Torre Pacheco y en Los Alcázares.
Tárraga afirma que la precariedad ya no tiene la imagen de la persona trabajadora inmigrante sin documentación. Ahora la pobreza ha alcanzado a la clase media, gente que nunca hubiera pensado verse en esa situación.
Las deudas hipotecarias que no tienen que ver con el alquiler, y que afectan a personas vulnerables, aún tienen la protección del decreto antidesahucios del gobierno, que estará vigente hasta el 30 de septiembre. Para poder beneficiarse de esta medida debe tratarse de la vivienda habitual, y también incluye a personas dependientes, víctimas de violencia machista y menores de edad a cargo.
Charo Tárraga es pesimista, y considera que la situación empeorará mucho si no se amplían las medidas de protección.
