Llegaban a cobrar hasta 8.000 € a las víctimas, que hacían jornadas maratonianas de trabajo, por obtener los contratos
La Policía Nacional ha detenido a 24 personas acusadas de pertenecer a una organización dedicada a la explotación laboral de personas extranjeras en situación irregular. Los arrestos se han producido en las localidades de Albatera (Alicante) y Murcia.
Los presuntamente implicados en la organización llegaban a cobrar entre 6.000 y 8.000 euros a las víctimas para facilitarles contratos y poder regularizar su situación administrativa en España. Así, se aprovechaban de la situación de necesidad y vulnerabilidad en la que se encontraban numerosas personas en situación irregular.
A los detenidos se les imputan delitos contra el derecho de los trabajadores, pertenencia a organización criminal, delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como de Falsedad Documental, según ha informado la Policía en un comunicado.
La investigación se inició a principios de año por la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF), de la Comisaría de Policía Nacional de Elche, al tener conocimiento de la existencia de una red dedicada a la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en situación irregular, a quienes sometían como jornaleros en la recogida de fruta a jornadas maratonianas de trabajo por diferentes puntos de Alicante, Murcia y Almería.
A largo de la investigación, los agentes de Elche detectaron la actuación de una organización criminal que utilizaba una empresa pantalla de trabajo temporal para dar apariencia de legalidad a la explotación de los trabajadores irregulares, de cuyo estado de necesidad se aprovechaban y sometían a jornadas laborales maratonianas, con vulneración de sus derechos laborales más fundamentales.
El 'modus operandi' utilizado por la red criminal iba, desde dar de alta a trabajadores en situación irregular, contratar a trabajadores que no realizaban ningún tipo de actividad laboral y ni siquiera se encontraban en territorio nacional, hasta el cambio de identidades entre trabajadores con el fin de contratar y beneficiar de las prestaciones de la Seguridad Social a quien más interesaba.
Según ha determinado la investigación, toda esta ilícita actividad estaba motivada por el ánimo de lucro de los principales responsables de la organización, quienes cobraban entre 6.000 y 8.000 euros a quien regularizaban de forma fraudulenta a través de la red de empresas con las que operaban, con el fin de que cada trabajador pudiera beneficiarse del acceso a diferentes ayudas sociales tales como prestación por desempleo, y maternidad, entre otras.
Asimismo, y como otra actividad delictiva de la organización criminal, se encontraba una presunta defraudación a la Seguridad Social, dado que declaraban hasta un 85% menos de los días cotizados por parte de trabajadores contratados, que realizan jornadas de un mínimo de diez horas.
