El consejero de Fomento ha comparecido en el Pleno de la Asamblea Regional. Ha dicho que esta reactivación se debe a la agilización de los trámites y la flexibilidad del nuevo modelo autonómico de vivienda protegida
ANA IZQUIERDO. Murcia
La nueva regulación de vivienda protegida en la Región ha facilitado la construcción de 134 casas en menos de un año, según los datos que ha facilitado hoy en la Asamblea Regional el consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, que arremete contra la regulación del mercado que pretende el gobierno de España.
Díez de Revenga ha enumerado acciones como convertir en propietarios a los inquilinos de hogares sociales, sacar a 45 familias de infraviviendas o el decreto para regular la vivienda protegida.
Se trata de domicilios con precio tasado, bonificaciones fiscales y superficies de unos 90 metros cuadrados que atienden las necesidades de un mayor segmento social de la población.
El consejero señala que, desde mayo de 2021, esta herramienta ha supuesto la reactivación de este mercado regulado con 134 viviendas.
El modelo que defiende el Gobierno regional contrasta, dice José Ramón Díez de Revenga, con las imposiciones de un Gobierno central que justifica la ocupación, obliga a vivir de alquiler o a que un 20% de la vivienda sea de iniciativa pública. Para el Ejecutivo regional, la regulación estatal perjudicará a los jóvenes y a sus posibilidad de tener un primer hogar.
VALORACIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
PSOE y Podemos reclaman actuaciones en vivienda pública y alquileres que resuelvan las necesidades habitacionales de los mas vulnerables, frente a un PP que recuerda que la normativa nacional no es obligatoria en muchos de sus aspectos y que las competencias son de las comunidades.
La socialista Consagración Martínez exige iniciativas de promoción pública de vivienda protegida y que se desarrolle la ley regional de Vivienda en vigor desde hace siete años.
Rafael Esteban, de Podemos, reprocha que la partida del presupuesto de la Comunidad para la gestión de un parque público de vivienda sea de 1.000 euros.
El portavoz del grupo Vox, Juan José Liarte, acepta la nueva regulación para la construcción de vivienda protegida y propone que se exploren iniciativas para el alquiler.
El grupo Ciudadanos hace suyo esta línea de actuación del PP que, según Francisco Álvarez, tiene por objetivo el acceso a una vivienda digna.
Víctor Martínez Carrasco, del PP, cree que incentivar la vivienda protegida desde la iniciativa privada da mayor acceso y estabilidad al mercado.
