La aprobación después del verano de la Ley de Memoria Democrática llevará a peticiones concretas de las asociaciones de memoria histórica. Después, habrá 6 meses para cambiar nombres y emblemas
Placas, nombres de calles, monumentos y vestigios de la dictadura franquista deberán serán eliminados antes del verano de 2023, pues cualquier retraso supondrá sanción económica. La Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia calcula que, si la Ley de Memoria Democrática entra en vigor este año, puede presentar la demanda de ejecución y acelerar los plazos.
Nos lo cuenta Bernardo Sánchez, vicepresidente de la Federación. Se trata de una de las obligaciones contenidas en la Ley de Memoria Democrática, que después del verano deberá ser aprobada en el Senado y luego volver al Congreso para su debate y aprobación definitiva.
Hay calles esperando nuevas denominaciones en el litoral más turístico de la Región de Murcia. Ha habido algún avance en lugares como San Javier, pero quedan otros, como Santiago de la Ribera o San Pedro del Pinatar, donde se amontonan los nombres de generales y almirantes del bando franquista.
"Juan de la Cierva" se llaman también algunos colegios e institutos de la Región. Bernardo Sánchez considera especialmente grave que nombres ligados a la represión de la docencia, como "José Ibáñez Martín" o "Nicolás de las Peñas", den nombre a centros educativos.
La nueva ley se refiere a los edificios públicos, pero también a propiedades privadas que tengan visibilidad, como ocurre con el ángel del Puerto de la Cadena.
Además, quedan nombres por cambiar o eliminar en inmuebles católicos: desde la Catedral de Murcia a la iglesia de San Pablo en Abarán o el cementerio de San Javier.
La lista es aún mayor si incluimos escudos y placas. Es un trabajo por la reconstrucción de la Historia en la que el Estado se constituirá como impulsor y garantía, una vez sea aprobada la Ley de Memoria Democrática.
