Pacto por el Mar Menor tacha de 'burdas mentiras' el documento presentado por el Ejecutivo regional
PACO MARTÍNEZ / ALBERTO SOLER/ MACU ALEMÁN. Murcia / Cartagena
La Consejería de Medio Ambiente ha publicado este jueves un documento titulado "Soluciones Mar Menor" en el que recoge las acciones concretas que el Gobierno regional dice haber llevado a cabo para revertir la degradación ambiental de la laguna. El consejero de Agricultura explica que el objetivo es acabar con "el mantra" de que el Ejecutivo murciano no hace nada; Pacto por el Mar Menor reacciona con indignación y asegura que el documento es un burdo intento de manipulación de la opinión pública, plagado de falsedades y medias verdades.
"Soluciones Mar Menor" es un documento de 20 páginas que ,de forma esquemática, recoge las medidas emprendidas por el Gobierno regional hasta en once ámbitos de actuación. Por citar algunos ejemplos: en lo ejecutado hasta la fecha en materia legislativa, se citan las distintas leyes de medias urgentes y de protección del Mar Menor, así como el plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor. Se afirma también que el Gobierno ha invertido más de dos millones de euros en la instalación de mil sondas para vigilar el consumo de agua en las explotaciones agrícolas; que ha destinado 32 millones de euros a la construcción de biorreactores y filtros verdes, y que ha restituído a su estado natural casi 290 hectáreas de regadíos ilegales. También se afirma que el Ejecutivo regional ha destinado 14 millones de euros a la retirada de más de 14.000 toneladas de biomasa. En palabras del consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, la relación pormenorizada de todas estas acciones permitirá terminar con la idea de que la Administración regional no hace nada por el Mar Menor:
El documento se publicará y se irá actualizando en la web ‘canalmarmenor’, según explicaba el consejero Luengo.
Si la intención del Gobierno regional era poner en valor su actuación, no parece que haya tenido demasiado éxito entre las organizaciones sociales que trabajan por la recuperación de la laguna. Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor, dice sentirse profundamente indignado por las afirmaciones contenidas en este documento. En su opinión estamos ante un burdo intento de manipulación de la opinión pública.
Pagán asegura que no hay ni uno sólo de los once ámbitos de actuación en los que se reparten este conjunto de medidas, en el que no se incluya alguna media verdad o, directamente, alguna falsedad. Empezando, dice, por el primer punto, el de las medidas legislativas. Casi nada de lo que estaba previsto por la normativa se ha cumplido, y algunas de las iniciativas que se presentan como ejecutadas ni siquiera existen:
Aún más indignante, dice el portavoz de Pacto por el Mar Menor, es que el Gobierno presente como un logro la exigua cantidad de hectáreas de regadío ilegal que ha obligado a devolver a su estado original. En esta materia, afirma Pagán, el Ejecutivo de Fernando López Miras y la consejería de Antonio Luengo se han dedicado principalmente a obstaculizar el proceso, y cuando han actuado ha sido obligados por una sentencia judicial.
EXPERTOS DE DERECHO AMBIENTAL SEÑALAN EN UN CONGRESO INTERNACIONAL QUE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEBERÍA IDENTIFICAR A LOS CAUSANTES DE LA CONTAMINACIÓN DEL MAR MENOR
En la Universidad de Murcia se celebra desde este jueves un Congerso Internacional sobre Derecho de la Biodiversidad que ha traído a la Región de Murcia a expertos en derecho ambiental de todo el país. Uno de ellos es el profesor Agustín García Ureta, de la Universidad del País Vasco, que está convencido de que la Comunidad Autónoma tiene todas las competencias que necesita para actuar contra los responsables de la degradación que sufre el Mar Menor.
Sostiene García Ureta que no está mal que la Fiscalía de la Región de Murcia haya abierto una investigación para determinar posibles responsabilidades penales en la actuación de las empresas agrícolas que contaminaron el Mar Menor. Pero a su juicio sería más eficaz que la Administración regional realizara su propia investigación, porque tiene competencias suficientes para hacerlo: a la comunidad autónoma ,explica, le corresponde vigilar el cumplimiento de las directivas europeas que protegen el hábitat del Mar Menor. No debería ser difícil identificar a los causantes de la contaminación y tomar medidas contra ellos y limitar las actividades contaminantes. Está, insiste, en las atribuciones del gobierno regional:
El problema, explica este experto, se produce cuando la administración hace dejación de sus competencias: las vías para exigir jurídicamente a un gobierno que actúe son bastante limitadas en nuestro país. Probablemente, a juicio de García Ureta, sería conveniente un cambio en la legislación para allanar ese camino:
Lo que García Ureta no tiene muy claro es la utilidad real de dotar al Mar Menor de personalidad jurídica propia (como plantea la ILP que debatirá próximamente el Congreso de los Diputados). En su opinión, hay medios suficientes para defender ese ecosistema. Otra cosa es que las administraciones responsables de ponerlos en marcha no lo estén haciendo:
CONTINÚAN LAS MEDICIONES
Mientras, técnicos del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA) han constatado que los valores reflejan que se mantiene una zona de hipoxia (valores inferiores a dos miligramos por litro) con un tamaño estimado de cuatro hectáreas dentro del entorno de Las Lomas, situado entre las zonas costeras de Mar de Cristal y Villas Caravaning, en el municipio de Cartagena.
Asimismo, los técnicos no han detectado ninguna anomalía más en otras áreas del Mar Menor.
