El presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, dice que el proceso es complejo pero que se van dando pasos en la buena dirección
PACO MARTÍNEZ. Murcia
Las organizaciones agrarias y la Comunidad Autónoma siguen trabajando en la puesta en marcha del "Observatorio de Precios", una de las herramientas básicas para que la Ley de la Cadena Alimentaria pueda cumplir su objetivo de impedir ventas a pérdidas por debajo de los costes de producción. El presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, dice que el proceso es complejo pero que se van dando pasos en la buena dirección.
Aunque nadie se atreve a poner una fecha para la implantación completa de la ley, Marín admite que es una prioridad absoluta para agricultores y ganaderos. Si España hubiera contado con una norma como ésta en plena vigencia, la escalada de precios de la electricidad y el gasóleo no hubiera tenido el efecto destructivo que ha generado en el sector, señala Marín.
La ley, que se aprobó en el Congreso sin el apoyo del Partido Popular, establece que deberán ser las Comunidades Autónomas las que establezcan, para cada territorio, un Observatorio de Precios que determine cuáles son los costes que las explotaciones agrícolas o ganaderas tienen que asumir durante el proceso de producción. El sistema permitirá adaptar los precios de venta en origen a cualquier variación de costes, aunque está por definir qué porcentaje de esos incrementos asumirá cada una de las partes de la cadena, productor, distribuidor, vendedor o comprador. Marín reconoce que los supermercados y las grandes distribuidoras miran el proceso con cierto recelo, pero sostiene que un mecanismo de regulación del mercado como éste es imprescindible.
