Ha sobreseído el caso para dos exaltos cargos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, o blanqueo
REDACCIÓN | AGENCIAS
La Audiencia Provincial de Murcia, a través de 26 autos que acaban de ser notificados a las partes, mantiene como investigados a más de 50 personas en el caso de presunta corrupción de las obras del AVE en el tramo comprendido entre Crevillente (Alicante) y la capital murciana, y ha sobreseído el caso para dos exaltos cargos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Se trata de los que en el momento de los hechos eran director general de Grandes Proyectos y director de Infraestructuras de la Línea de Alta Velocidad. La misma medida ha sido acordada con respecto al que era secretario de la comunidad de regantes San Felipe Neri, con sede en la citada población alicantina, al tiempo que la Audiencia acuerda retirar la condición de investigados a cinco de los encausados, que pasan a ser responsables civiles subsidarios o partícipes a título lucrativo.
Los autos de este tribunal estiman, con esas resoluciones, tres de los 26 recursos que los investigados presentaron contra la resolución del juzgado de instrucción de Murcia de diciembre de 2020 que concluyó la investigación y acordó la continuación de la causa por los trámites del procedimiento abreviado.
En este caso se investiga si los investigados pudieron llevar a cabo actuaciones delictivas aprovechándose de las obras de reposición de las redes hidráulicas afectadas por las obras del AVE en el citado tramo. Las diligencias se siguen por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa, blanqueo de capitales, falsedad y otros.
Entre los encausados en esta investigación que se inició en 2015 se encuentran responsables de empresas constructoras, el director y el interventor de una oficina bancaria, un ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante) y otros.
Algunos informes incorporados a la causa apuntan a que la suma total desviada podría superar los cincuenta millones de euros.
