Se han concedido 6'7 millones de euros en ayudas a personas en riesgo de desahucio inminente: hasta 450 euros para afrontar el alquiler, más 200 euros para suministros básicos
La Comunidad Autónoma garantiza que casi 4.400 familias hayan podido permanecer en sus viviendas durante la crisis económica, mediante el pago de 6,7 millones de ayudas directas de emergencia social para el alquiler y para los suministros básicos de sus viviendas.
Se trata de una de las líneas de actuación de la estrategia del Gobierno regional en materia hogar, con el fin de evitar desahucios y proporcionar el acceso inmediato a una vivienda a familias en riesgo de vulnerabilidad sobrevenida ante el impacto de la crisis.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, y la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, Isabel Franco, acompañados por representantes de las ONG colaboradoras en esta línea, han hecho balance de estas subvenciones que siguen a disposición de las familias que lo puedan necesitar.
El titular de Fomento dice que “las familias están soportando el gran impacto de la crisis económica, lo que ha provocado una tremenda caída de los ingresos en los hogares, por eso el Gobierno regional pone todos sus esfuerzos en estar más que nunca al lado de las familias y ayudarlas cuanto mayores son las dificultades, y prevenir situaciones de vulnerabilidad sobrevenida que luego son más difíciles de reconducir”. “Estas ayudas están teniendo magníficos resultados porque llegan en muy poco tiempo al bolsillo de las familias, gracias a una tramitación ágil y urgente, para evitar que ninguna familia se vea abocada a tener que abandonar su casa, gracias a la colaboración de las ONG”, ha afirmado Díez de Revenga.
Así, en los últimos ocho meses casi se han duplicado las ayudas concedidas, pasando de 2.397 ayudas en diciembre a las 4.397 subvenciones concedidas en agosto.
La consejera Isabel Franco ha subrayado que “en la Consejería de Política Social realizamos un trabajo exhaustivo para facilitar el acceso inmediato a la vivienda a personas víctimas de violencia de género y otros colectivos especialmente vulnerables”.
Franco ha indicado que están “realizando esta labor a través de la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer Sector, mediante un grupo de trabajo técnico formado por los distintos agentes que participan en el proceso de tramitación y gestión de las ayudas al alquiler, con la finalidad de mejorar las respuestas a las personas en situación de vulnerabilidad social”.
