La nueva normativa también impone cuatro meses a las administraciones autonómicas para proporcionar una vivienda alternativa a las familias desahuciadas si estas quedan en situación de vulnerabilidad
MACU ALEMÁN. Cartagena
La nueva ley de Vivienda obliga a la Comunidad Autónoma a habilitar en un plazo máximo de cuatro meses una vivienda alternativa a familias vulnerables afectadas por un desahucio judicial.
La nueva ley impone también obligaciones para los jueces que tendrán que exigir en caso de desahucio o lanzamiento judicial un informe previo a los Servicios Sociales que acredite si la familia afectada está o no en situación de vulnerabilidad. Si es así, la Administración regional asume la obligación de habilitar un alojamiento y éste siempre tendrá que ser una vivienda según Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.
La norma gravará por otro lado la vivienda vacía con recargos de hasta el 150% en el pago del IBI. Las nuevas promociones de inmuebles tendrán que contar con un 30% de vivienda protegida.
Desde el Gobierno regional de entrada, el consejero de Fomento anuncia que la Administración Regional hará todo lo que esté en su mano para no aplicarla. José Ramón Díez de Revenga dice en un comunicado que esta ley impone un modelo intervencionista y fracasado. Aseguran que el texto ha salido adelante sin consenso y sin escuchar a los jóvenes ni a otras administraciones.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca la sensación es agridulce. Consideran que no se garantiza el derecho básico a la vivienda recogido en la Constitución y ven difícil cumplir con la obligación de alojamiento alternativo teniendo en cuenta que la vivienda pública en la Región de Murcia no alcanza ni el 0,39% del parque según su portavoz, Francisco Morote.
