López Miras pide una reunión de la Conferencia de Presidentes para intentar incorporar sus opiniones, además de que el PP podrá hacer sus propuestas cuando el decreto tenga que ser convalidado en el Congreso
REDACCIÓN | LETICIA G. ÁLVAREZ
El presidente del PP regional y de la Comunidad Autónoma de Murcia, Fernando López Miras, cree que antes de recurrir al Tribunal Constitucional el Real Decreto del Gobierno central sobre ahorro y eficiencia energética, como ha hecho la Comunidad de Madrid, "hay que explorar todas las vías". Lo ha asegurado este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Águilas, donde ha visitado la Cofradía de Pescadores de esta localidad.
El jefe del Ejecutivo murciano confía en un acuerdo y en que Pedro Sánchez convoque cuanto antes una reunión de la Conferencia de Presidentes para abordar esta cuestión. Y ha añadido que si el Gobierno central sigue con la vía de la unilateralidad en el decreto de ahorro energético, sin una justificación técnica que lo respalde y sin escuchar a las autonomías, "evidentemente plantearemos otras acciones como el recurso de anticonstitucionalidad".
"No podemos someter a todos los españoles, a los autónomos, a los pequeños comercios ni tampoco a las administraciones a aplicar medidas sin saber cuál es el resultado", ha denunciado, y "lo que se debe hacer es tomar decisiones importantes como la bajada de impuestos para que las familias puedan llegar a fin de mes", ha indicado.
López Miras insiste en reclamar una memoria económica y también ayudas para las administraciones que tengan que aplicar la ley "ya que una vez leído el decreto solamente hay algo parecido en la exposición de motivos cuando se dice que por cada grado en climatización se puede ahorrar un uno por ciento". Además opina que lo de apagar los escaparates a las 22 horas podría modificarse una vez vista la memoria técnica "y a lo mejor hay que apagarlos a las 21:30 horas o a las 22:30 horas". "Si escuchan nuestras propuestas estoy convencido que vamos a tener un decreto mucho mejor y de mas calado que no uno unilateral", ha añadido en una entrevista en Telecinco este martes.
EL GOBIERNO DARÁ "UN MARGEN" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO
Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que no se impondrán multas "inmediatamente" a aquellos espacios públicos que no cumplan las medidas de ahorro energético, y ha dicho que habrá que "dar un margen" a los propietarios para que sigan la normativa.
No obstante, "si pasan los días y eso no está ocurriendo, o si mañana hay un problema serio porque en algún sitio no se aplica masivamente ninguna medida", el Ejecutivo contactará "inmediatamente" con la comunidad autónoma en cuestión sin esperar "meses ni semanas", ha advertido este martes en la SER.
Según Ribera, la implantación del nuevo plan de ahorro energético -cuyas medidas de limitación del termostato en determinados espacios públicos y apagado de escaparates entran en funcionamiento este miércoles- es "un proceso en el que lo que importa no es sancionar, sino encauzar la voluntad de aportar al esfuerzo colectivo".
La ministra ha admitido que, a diferencia de las superficies de mayor tamaño y las grandes compañías, que tienen "una capacidad de puesta en marcha inmediata", es "posible" que los pequeños comercios experimenten dudas o dificultades, de ahí que haya que dar "un margen".
"No creo que nadie vaya a imponer multas inmediatamente. Tendrá que haber un apercibimiento, preguntar por qué no se están aplicando y, de forma proporcionada, ir adoptando medidas", ha explicado la vicepresidenta tercera.
MADRID RECURRIRÁ ANTE EL TC
Isabel Díaz Ayuso tiene intención de recurrir al constitucional el Real Decreto Ley del gobierno de España sobre ahorro y eficiencia energética. Sobre este asunto hemos preguntado a Francisco García, profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. Este experto cree que, aunque la judicatura puede atender a razones de una y otra administración, el mayor peso competencial del Estado se acabaría imponiendo.
El Real Decreto Ley requiere la convalidación en el Congreso de los Diputados por mayoría simple en un plazo de 30 días desde su publicación y este puede ser el primer obstáculo para los planes energéticos del gobierno. El otro óbice puede acabar siendo los intentos de judicialización de las autonomías. Todas tienen reconocidas las competencias sobre comercio interior, y esto es precisamente lo que alega la Comunidad de Madrid al entender que el Real Decreto Ley invade ese ámbito. El Estado se arroga la competencia que le da la Constitución para realizar la planificación general de la actividad económica.
Lo que no ha resuelto la política hasta el momento, podría acabar en el tejado de la judicatura. Entiende este experto que ha de haber una mayor coordinación mayor entre el Estado y las comunidades. García, considera que es el camino corto a la resolución de diferencias.
