Decenas de empleados públicos convocados por CCOO, UGT y CSIF se han manifestado frente a San Esteban para exigir la "recuperación de los derechos arrebatados por el Gobierno regional hace ya 10 años"
Con una concentración ante el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han iniciado su campaña de movilizaciones para reclamar la reversión de los recortes y el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la administración en Madrid, entre ellos la jornada semanal de 35 horas.
Decenas de trabajadores públicos han tomado parte en la protesta encabezada por los líderes regionales de las tres formaciones. El de UGT, Antonio Jiménez, se mostraba especialmente molesto por el acuerdo parcial, suscrito con sindicatos minoritarios (de médicos y enfermeros) sin tener en cuenta a otros empleados de la sanidad regional. "Todas las categorías profesionales tienen mucho que decir respecto a las cargas de trabajo, la asistencia, y de que no se produzcan retrasos en el sistema sanitario. No solamente dos categorías profesionales pueden polarizar el escasísimo dinero que hay en la Región para revertir los recortes", recordaba Jiménez.
Desde CCOO, Santiago Navarro reiteraba que es necesario recuperar derechos: desde la paga extraordinaria eliminada en 2012 a la jornada laboral de 35 horas. "Se tiene que hablar de la jubilación parcial, de la recuperación de la paga extraordinaria que le arrebató el Gobierno regional a los funcionarios. Derechos que hace ya diez años el Gobierno autonómico quitó de manera puntual a los empleados públicos y nunca quiso saber más de esos temas", ha señalado.
El presidente de CSIF en la Región, Juan Miguel López, también ha criticado el hecho de que esas situaciones de injusticia se producen en una Comunidad cuyo Gobierno no para de reivindicar mejoras a Madrid mientras mantiene lo contrario con sus propios empleados. "No entendemos como un Gobierno que reivindica mejoras e igualdad con el resto de España, luego entre sus propios empleados públicos produce esas discriminaciones. Queremos que se mejore la administración pública, la reversión de las externalizaciones y mejorar la calidad que reciben los ciudadanos", ha reclamado.
De no obtenerse estas reivindicaciones los sindicatos están dispuestos a convocar un paro general de la administración el próximo mes de febrero.
