El Gobierno regional da luz verde al decreto-ley de Dinamización de Inversiones, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública, con el que culmina el proceso de simplificación administrativa
SUSANA AZPARREN | REDACCIÓN
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su reunión de este jueves al decreto-ley de Dinamización de Inversiones Empresariales, Libertad de Mercado y Eficiencia Pública. Se termina así el proceso de simplificación administrativa iniciado en el año 2014 con el objetivo de reducir la burocracia y moderar la presión fiscal para impulsar el desarrollo empresarial.
El texto se estructura en tres grandes bloques: facilitar y agilizar la tramitación burocrática de las empresas, la libertad de mercado y la eficiencia pública.
Para agilizar los trámites, la consejera de Empresa y portavoz del Gobierno regional, Valle Miguélez ha explicado que la ley contempla modificaciones puntuales de ordenación del territorio, de carreteras, puertos, energía y medio ambiente para que las empresas no pierdan tiempo en la tramitación de los permisos.
Así, en materia de ordenación del territorio, cuando por necesidades de una empresa sea necesario llevar a cabo una modificación del planeamiento general, se podrá hacer inmediatamente sin tener que esperar a que se produzca la revisión del plan general de ordenación urbana.
Además, se elimina de forma expresa la necesidad de licencia de obras previa para instalaciones de autoconsumo. También es novedoso que, en materia de medio ambiente, los proyectos que la ley estatal considera “excepcionales”, como aquellos de urgencia o por catástrofes naturales, estarán exentos de los trámites de evaluación de impacto ambiental.
En esta línea Miguélez explicaba que la tramitación de los permisos no se detendrá a la espera de la llegada de los informes necesarios, a no ser que sean regulados por la norma estatal. Esos informes podrán ser entregados fuera de plazo.
Sobre la libertad de mercado, la consejera portavoz explica que una vez que se apruebe la ley, empresas instaladas en otras regiones se podrán trasladar a Murcia no tendrán que llevar a cabo de nuevo la tramitación administrativa de licencias e informes.
En materia de eficiencia pública, la ley marca que todos los organismos de la administración regional deberán realizar un plan anual de racionalización del gasto. En cuanto a la organización de los recursos humanos de la administración se abre la puerta a las contrataciones temporales para facilitar el relevo generacional, según ha explicado Luis Alberto Marín, consejero de Economía.
También contempla la creación de la Agencia Digital que centralizará las acciones para la innovación y transformación digital de la administración, además de impulsar la ciberseguridad.
En materia de financiación, se prevé la creación de un ‘Fondo Capital Semilla’, destinado a las pymes con modelo de negocio innovadores y tecnológicos escalables a nivel internacional.
El decreto ley también apuesta por el fomento del crecimiento empresarial, aportando asesoramiento, asistencia y apoyo financiero a pequeñas empresas para que se lancen a un proceso de integración que refuerce su solidez. También ofrece ciertos privilegios en el acceso a subvenciones y ayudas en función del tamaño de la empresa. En este sentido, se prevé mayor puntuación en los criterios de baremación de ayudas que incentiven la inversión empresarial a empresas de más de 50 trabajadores.
Además, en lo que a los proyectos estratégicos se refiere, se introducen nuevos requisitos, como, por ejemplo, que tengan prioridad en el acceso a subvenciones y la posibilidad de concesión directa en los términos que determine la legislación de subvenciones.
En lo que respecta a la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), se incrementan los requisitos de creación de empleo e inversión (hasta tres millones de euros) y se crea una carpeta digital para cada empresa con proyectos empresariales asistidos por UNAI que actúa como registro de entrada y salida para las comunicaciones y trasvase de documentación.
En cuanto a las medidas de libertad de mercado, que se recogen en el título segundo, se garantiza la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos en el territorio de la Región de Murcia para atraer empresas de toda España
Asimismo, se establece la igualdad de derechos para los operadores económicos, otorgando plena eficacia a las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales obtenidas en cualquier parte del territorio nacional. También se garantiza la libre circulación de productos legalmente producidos en el territorio español.
En el apartado específico de eficiencia pública, el proyecto de Ley establece la obligación de que todas las entidades y órganos de la Administración regional promuevan de forma efectiva el ahorro, la racionalización y la gestión optimizada y sostenible, primando todas aquellas alternativas regulatorias y de gestión optimizada que impliquen una mayor racionalización del gasto.
Los criterios para esta racionalización serán la simplificación, unificación o eliminación de procedimientos; la reducción de conceptos que no contribuyan a una mejora del servicio público; la detección y supresión de gastos obsoletos y/o repetitivos; la centralización de compras de gastos consumibles; la implantación de acciones con potencial de ahorro; la mejora en la eficiencia de programas analizados que se mantengan presupuestariamente; y la agilización de las comunicaciones con la transformación digital.
Asimismo, en el primer semestre de cada legislatura habrá que realizar un Plan de Racionalización del Gasto con actuaciones específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con una evaluación y revisión anual que incluya un informe con propuestas de mejora. Este trabajo, que realizará cada centro directivo, será coordinado por la Comisión ARGOS, que también hará un seguimiento e implantación de la contabilidad analítica, así como las propuestas derivadas de la misma.
Esta comisión también tendrá la potestad de implantar proyectos no programados de racionalización del gasto cuando la urgencia de la situación así lo aconseje, y promoverá actuaciones de formación de los empleados públicos y de difusión y sensibilización entre la ciudadanía. Por último, ARGOS elaborará cada dos años un catálogo de buenas prácticas, para estimular la actitud pro activa de los órganos del sector público, pudiendo otorgar premios y menciones a iniciativas especialmente relevantes.
En el ámbito de la organización administrativa y de los recursos humanos de la Administración regional, para una gestión lo más ágil y eficiente posible que facilite el desarrollo de las iniciativas empresariales en la Región de Murcia, cabe resaltar que el texto da entrada a la creación de unidades transitorias de apoyo a la gestión coordinada o masiva y ocasional de procedimientos, así como a puestos de trabajo de carácter temporal.
Se trata de unidades con cometidos específicos y de estructuras de gestión temporales para la realización de determinadas actuaciones cuya duración no podrá ser superior a tres años y estará vinculada al desarrollo de dichas actuaciones.
También se fija que se puedan establecer puestos de trabajo de naturaleza temporal para facilitar el relevo generacional y evitar la pérdida de conocimiento crítico en la Administración regional por la jubilación de empleados públicos. Asimismo, se introduce la posibilidad de exigir la presentación electrónica de documentación para el acceso a la Administración Pública regional, avanzando en el proceso de transformación digital en el ámbito de la Función Pública.
Además, la norma posibilita que las entidades locales de la Región de Murcia puedan seleccionar a su personal temporal acudiendo a las listas de espera o relaciones de aspirantes seleccionados mediante procedimientos extraordinarios vigentes en la Administración regional, sin que la renuncia al puesto ofrecido suponga la exclusión de la lista de espera correspondiente.
El decreto ley establece la creación de la Agencia Digital para centralizar la detección de necesidades, planificación y ejecución de los servicios de carácter digital, la coordinación con otras entidades de derecho público, así como la ejecución de políticas para la transformación digital de la sociedad de la Región de Murcia y la innovación asociada a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el marco de la Administración, con especial atención a las labores en materia de ciberseguridad, tanto de la Administración pública regional como de las entidades locales a las que preste servicio la Comunidad Autónoma.
Por último, la nueva norma regula las competencias del Instituto de Crédito y Finanzas en materia de sostenibilidad financiera y colaboración público-privada, a través del rediseño de sus competencias en esta materia, permitiéndole asumir un rol mucho más activo en la promoción de esta forma de colaboración. Su participación se amplía desde el momento inicial de la configuración del modelo de financiación, valorando la posible repercusión del proyecto de inversión en infraestructuras públicas en la deuda pública regional.
De este modo, en su papel de facilitador de los proyectos de colaboración con el sector privado en la Región de Murcia, el ICREF ofrecerá un servicio de interlocución única con la Oficina Nacional de Evaluación que le permitirá asesorar al órgano promotor en la tramitación de la solicitud del informe preceptivo de la Oficina estatal.
