Dice que el impuesto se dirigirá a "millonarios", por lo que no afectará a más del 1% de los ciudadanos del país
El Ministerio de Hacienda trabaja en un nuevo impuesto temporal para las grandes rentas y patrimonios que entraría en vigor en enero del año que viene.
La ministra de Hacienda María Jesús Montero, tras el debate parlamentario sobre la suspensión de las reglas fiscales y el techo de gasto, ha asegurado que trabajan en "una idea temporal" para aumentar la recaudación entre grandes patrimonios y rentas. Aunque no ha aclarado la fórmula, sí ha precisado que será temporal y con vistas a empezar a aplicarla el próximo 1 de enero.
"Al igual que ha ocurrido en los impuestos a energéticas y banca (actualmente en tramitación en el Congreso), trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarlo", ha dicho la ministra.
"Habrá que ver la fórmula, no todo puede ir en la Ley de Presupuestos", ha apostillado la ministra, tras asegurar que desde su Departamento llevan "semanas" trabajando "silenciosamente" en ello. Los Presupuestos Generales del Estado pueden incluir modificaciones en las figuras tributarias existentes, pero no contemplar la creación de un nuevo tributo.
Montero ha calificado de enorme irresponsabilidad que las comunidades de Andalucía y Murcia supriman el Impuesto sobre Patrimonio. Cree que no es coherente que comunidades que pide continuamente dinero al Estado reduzcan sus ingresos vía impuestos.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España acusaba al Partido Popular de dar "regalos fiscales a los ricos y de fomentar el dumping" entre las comunidades. Ella considera necesario recaudar más de los que más tienen para hacer frente al escenario económico que ha dejado la guerra de Rusia en Ucrania.
La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra, defendía la bajada de impuestos y acusaba al PSOE de querer tapar decisiones como la recentralización de impuestos propuesta por el ministro José Luis Escrivá.
Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos, acusa al Gobierno central de llevar a cabo un "fraude" al tratar de limitar la libertad de los gobiernos autonómicos para gestionar sus impuestos.
