El informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo reclama una normativa estatal que garantice unos mínimos comunes para todo el territorio nacional y lamenta el poco esfuerzo para financiar gasto social
Hoy hemos conocido un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que llama la atención sobre las "marcadas diferencias" que hay en materia de servicios sociales entre las distintas comunidades autónomas. El documento denuncia la enorme brecha existente entre las comunidades del norte y las del sur; reclama una normativa estatal que garantice unos mínimos comunes para todo el territorio nacional y lamenta el escaso esfuerzo de algunas administraciones a la hora de financiar el gasto en servicios sociales.
En el caso de Murcia hay un dato muy significativo: aquí, los ayuntamientos aportan entre tres y tres veces y media más que el Gobierno regional para financiar esos servicios sociales.
El informe de la OCDE viene a hacer hincapié en aspectos que ya han sido denunciados en nuestro país tanto por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales como, en el caso de la región, por el Observatorio de la Exclusión de la Universidad de Murcia. Su director, el sociólogo, Manuel Hernández Pedreño, coincide en la necesidad de contar con una legislación nacional actualizada y con dotación económica, aunque reconoce la importancia del esfuerzo que representó en su momento la aprobación de la Ley de la Dependencia. Pero el problema, añade, no sólo tiene que resolverse desde la administración central. La Comunidad Autónoma tiene a su juicio mucho que decir cuando se trata de asegurar que al menos haya homogeneidad entre los distintos municipios de esta región.
Dice Hernández Pedreño que el gran problema de esta región es que no existe una política social planificada; que no se coordinan los esfuerzos de los servicios sociales con medidas de inserción laboral o de apoyo psicológico y que todo se deja en manos de las organizaciones del Tercer Sector, que hacen un trabajo encomiable pero que no puede suplir las obligaciones que corresponden a la Comunidad Autónoma.
A juicio de este sociólogo todavía hay un factor más a tener en cuenta: los ciudadanos de esta región no parecen ser muy conscientes de que tienen derecho a esos servicios sociales. La mayoría siguen percibiéndolo como una muestra de caridad que la administración tiene con ellos, y por eso no los reclaman cuando no los reciben.
