La diputada de esta formación, María Marín, exigen la creación de una comisión de investigación en la Asamblea sobre los contratos suscritos por el Servicio Murciano de Salud para adquirir material durante la pandemia
LETICIA G. ÁLVAREZ. Murcia
Hasta 20 millones de euros podría haber gastado el Gobierno regional de forma irregular en contratos de emergencia en pandemia para hacerse con material sanitario, según Podemos en la Región de Murcia.
Por este motivo, la diputada de esta formación, María Marín, ha solicitado este viernes en rueda de prensa información detallada a la Consejería de Salud para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan saber si se pagó “un precio justo por ese material sanitario” o si estamos ante “algo similar a lo ocurrido en
la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. También ha registrado la petición de creación de una comisión de investigación en la Asamblea Regional.
Podemos estima en 120 millones de euros la cuantía invertida en contratos de emergencia y, según Marín, han detectado "evidentes irregularidades" en contratos que suman hasta 20 millones. Les llama la atención que se trate de empresas que nada tienen que ver con el ámbito sanitario, vinculadas al sector inmobiliario, suministros industriales y hasta tiendas de móviles y complementos informáticos. María Marín habla de empresas creadas pocos días antes de firmar suculentos contratos, alguno por encima de los tres millones y medio.
Podemos pide explicaciones, por ejemplo, de por qué se pagó material por más de tres millones meses antes de la recepción. María Marín apunta a incumplimientos de la Ley de Contratos que habrían encarecido de forma significativa el precio del material adquirido.
En concreto, la diputada ha señalado adjudicaciones como la firmada con Trust Lane Retail, una empresa inmobiliaria radicada en Fuenlabrada, o el contrato con Saudes Group, otra empresa del sector inmobiliario radicada en Lorca. También les ha llamado la atención el firmado con Leask S.L., una tienda de móviles y componentes informáticos de Totana, con la que el Servicio Murciano de Salud, tal y como ha denunciado Marín, “suscribió hasta 27 contratos en 2020 por un importe global superior a los dos millones y medio de euros”. Otro de los contratos que más han llamado la atención a Podemos es el de Novo Hermalev, una empresa de Molina de Segura que normalmente se dedica a la venta de maquinaria y suministros industriales y que “en un solo día”, el 30 de marzo de 2020, “firmó hasta tres contratos para la compra trajes de protección, por importe de 850.000 euros”, en lo que parece “un indicio de fraccionamiento de contratos”.
Por otra parte, Marín también ha cuestionado por la presencia de “empresas constituidas exprofeso, pocos días antes de formalizar sustanciosos contratos”, como la UTE formada por una empresa del sector del fitness, Bodytone International Sport, y la marca de ropa y calzado Victoria de Bocca. Con esta UTE, el Gobierno regional contrató la mayor adquisición de mascarillas, por un importe de 3.520.000 euros, “a pesar de que ninguna de estas empresas tenía experiencia en el sector sanitario”.
LÓPEZ MIRAS PIDE QUE APORTE PRUEBAS O INDICIOS
El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha pedido a Podemos que aporte “alguna prueba o indicio” de las supuestas irregularidades en algunos contratos firmados durante la primera etapa de la pandemia del coronavirus que la formación morada ha denunciado este viernes.
Para López Miras, las acusaciones de Podemos son una “maniobra y estrategia política” en la que el Gobierno regional no va a entrar, puesto que no han aportado “ni un solo indicio” de las presuntas irregularidades, lo que demuestra que su denuncia es un paso más en su “política de crispación, la división y la mentira”.
Miras ha hecho esas declaraciones a los periodistas durante la inauguración del centro de formación profesional Universae en el Polígono Industrial Oeste de Murcia, donde también ha descartado un adelanto electoral como el anunciado en Andalucía ya que su gobierno, ha dicho, es “estable” y “el que han elegido la mayoría de los murcianos”, por lo que continuará hasta el 28 de mayo de 2023 como estaba previsto.
En relación con el trasvase Tajo-Segura, ha señalado que no ha recibido ninguna respuesta, ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre sus requerimientos para no recortar las aportaciones y flexibilizar el plan de cuenca del Tajo, como se ha hecho con el resto de trasvases que hay en España, unos 50.
