Denuncian que la decisión va en contra de la ley. Salud asegura que el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hace en clínicas privadas en España
La Consejería de Salud a través del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha adjudicado a clínicas privadas las interrupciones voluntarias del embarazo de las mujeres que acudan a la sanidad pública. Los contratos ascienden a los 6,4 millones de euros. Las interrupciones hasta la semana 14 se harán en la clínica Ginemur, y entre la semana 15 y la 22 se practicarán en el Instituto Ginecológico de Murcia. Esto ha desatado las críticas de PSRM-PSOE e Izquierda Unida por ir en contra de la ley.
El consejero de Salud, Juan José Pedreño, resta trascendencia asegurando que el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hace en clínicas privadas en España. En la Región el programa integral de atención a la mujer incluye el plan de interrupción voluntaria del embarazo, que se ha actualizado de forma reciente con este resultado.
Desde el Partido Socialista se acusa al Gobierno regional de no cumplir la legislación estatal con la gestión de estas intervenciones. ya que esta impone que "los centros concertados deben quedar como apoyo para cuando no sea posible realizar estas intervenciones en hospitales públicos, es decir, de forma ocasional", según ha asegurado Lara Hernández, diputada regional del PSRM-PSOE.
Izquierda Unida-Verdes de la Región considera de extrema gravedad este hecho. Acusan tanto a los cirujanos jefes como a los gestores del Servicio Murciano de Salud de hacer oídos sordos a los términos de la propia legislación "echando fuera de hospitales la realización de interrupciones de embarazo".
Desde la Red Feminista de Izquierda Unida, Carmen Sonia Martínez, exige el cumplimiento de la ley y reclama al Servicio Murciano que elabore ya el registro de médicos objetores para que todos los hospitales públicos dispongan de especialistas que puedan realizar abortos.
