El expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, declara junto a otros acusados por presuntas irregularidades en la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras
Este lunes, a partir de las 10:00 horas, declaran otros acusados en el juicio del caso Auditorio que investiga la gestión del que fuera presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez. Durante la primera sesión del juicio oral, que comenzó el pasado lunes, Sánchez negó que hubiera encargado el proyecto al arquitecto responsable y que éste no tuvo información privilegiada a la hora de adjudicarse la construcción de las instalaciones.
Sánchez entraba a la Audiencia Provincial de Murcia poco antes de las 9:30 horas sin realizar declaraciones ante los medios que allí se han congregado.
Se reanuda este lunes el juicio por el #casoAuditorio
— Onda Regional (@ORMurcia) October 3, 2022
Así llegaba a la Audiencia Provincial de Murcia hace unos minutos el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez
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El juicio se desarrolla en la sección tercera de la Audiencia Provincial por presuntas irregularidades en la ejecución de la obra del Auditorio de Puerto Lumbreras durante la época en la que Sánchez fue alcalde de la localidad.
Su sucesor al frente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha dicho que conoce bastante bien a Pedro Antonio Sánchez y afirma que es una persona "honesta y honrada". Al ser preguntado este fin de semana, López Miras aseguraba que respeta "los tiempos y los procedimientos judiciales".
El juicio se retoma este lunes 3 de octubre. Hasta el 21 de octubre pasarán por la sala de vistas más de cuarenta testigos, entre ellos, dos guardias civiles, mientras que las tres últimas sesiones, fijadas para los días 22, 28 y 29 de noviembre, estarán reservadas, las dos primeras, a las pruebas periciales, y la última, a las conclusiones e informes.
Hay que recordar que el Ministerio Fiscal y las acusaciones del caso 'Auditorio' han retirado el delito de fraude de subvenciones porque "así lo establece la jurisprudencia" existente por parte del Tribunal Supremo. Al retirarlo, la pena que pide el Fiscal bajaría a dos años y medio de cárcel y, además, se retiraría la petición de la multa de seis millones de euros.
A lo largo de la vista oral se tratará de esclarecer si el entonces alcalde de Puerto Lumbreras pudo cometer, presuntamente, los delitos de prevaricación, fraude y fraude de subvenciones, por los que el fiscal reclamaba inicialmente cuatro años y medio de prisión, multa de seis millones de euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 19 años.
Para el arquitecto, Martín Lejarraga, que figura como cooperador necesario en esos delitos, la fiscalía solicita dos años y medio de cárcel y 17 años y seis meses de inhabilitación especial.
El ministerio público pide dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación especial por 17 años y medio para la que era en el momento de los hechos secretaria de ayuntamiento, Caridad García, por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.
Finalmente, el responsable de la empresa constructora, Vicente Gimeno, se enfrenta a una solicitud de condena de dos años y tres meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación por un supuesto delito de fraude.
