La normativa apuesta por el sacrificio cero, persigue el abandono y maltrato de las mascotas, y multiplica las sanciones
REDACCIÓN. Cartagena
Unanimidad del Parlamento regional, tras dos años de trabajo, en la aprobación de la ley de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Región que prohíbe el sacrificio, persigue el maltrato y multiplica por diez las sanciones.
PSOE y Podemos hubieran preferido una ley más exigente aunque han votado a favor del texto normativo que el PP ha negociado con Ciudadanos.
La socialista Yolanda Fernández ha pedido que se tenga en cuenta a las protectoras en la labor inspectora y la diputada de Podemos María López cree que una ley del siglo XXI debería prohibir los animales en los circos o en los escaparates de las tiendas.
Todos los grupos reconocen que esta ley de Bienestar Animal representa un avance porque se establece la obligación de que todos los animales estén identificados, lo que evitará el abandono,y multiplica por diez las sanciones, tal y como han explicado Luis Fernández de Ciudadanos y Mónica Meroño del PP.
PROHIBICIONES Y SANCIONES
La ley aprobada en la Cámara contempla también una serie de prohibiciones como el sacrificio, el maltrato, abandono, donarlos como premio o reclamo publicitario o utilizarlos en espectáculos, peleas, fiestas populares y actividades que impliquen crueldad o maltrato y puedan ocasionarles sufrimientos.
En cuanto a las sanciones que recoge la normativa, van desde los 100 euros, a los 30.000 euros. Las infracciones leves, que contemplan sanciones desde 100 a 1.500 euros, son aquellas relacionadas con la tenencia de animales en solares abandonados, la manipulación artificial de los animales para hacerlos atractivos por diversión, la venta a menores de 16 años o incapacitados sin autorización de su tutor legal o la emisión de excretas en la vía pública sin su inmediata recogida.
Como infracción grave, multadas entre 1.501 a 6.000 euros, se considerarán el mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria, su posesión sin su correcta identificación ni registro, mantener animales heridos sin recibir atención sanitaria, o su venta ambulante o en centros no autorizados.
Mientras que las infracciones muy graves, de 6.001 a 30.000 euros, se consideran el sacrificio o la eutanasia sin control del veterinario, suministrar documentación falsa a la Administración, mutilaciones, malos tratos, así como la organización de peleas entre animales.
